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JURISPRUDENCIAQuiebra. Cresta roja. Apertura de quiebra. Sindicatura plural
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015.
I. Encontrándose reunidos los extremos previstos en los arts. 1, 77 inc. 2º, 78, 79, inc. 2º, 80, 84 y concordantes de la ley 24.522, decrétase la quiebra de RASIC HERMANOS S.A. inscripta en la IGJ con fecha 09.03.1979 bajo el nº 597 Fº A, L° 88 de Sociedades Anónimas, CUIT: …, con domicilio en la calle Maipú …, … piso departamento … de esta Capital Federal.
II. Corresponderá en la etapa falencial mantener la sindicatura plural que se encuentra entendiendo en el concurso preventivo y cuya actuación no había concluido aún. Ello de conformidad con lo establecido en los arts. 64 y 253 inc. 7 de la ley 24.522, y por claras cuestiones de economía procesal y eficiencia.
Los Estudios Dorigo y Asociados, Sgromo y Asociados, continuarán cumpliendo el rol de sindicatura verificante, con las mismas funciones y atribuciones que tenían durante el concurso, debiendo articular con la sindicatura liquidadora la posibilidad de efectivizar los pronto pagos laborales con la mayor prontitud que admitan las circunstancias.
El Estudio Stöltzing, Linares y Asociados, que hasta la fecha cumplió el rol de sindicatura controlante, tendrá a su cargo la función esencial de liquidador, correspondiéndole también la custodia, conservación y administración de los activos de la empresa, además del resto de las tareas que le habían sido asignadas en el concurso preventivo.
La envergadura de la empresa, la dispersión física de sus activos, la necesidad de mantener vivas y alimentadas a las aves y la gran cantidad de trabajadores que empleaba Rasic Hermanos S.A., que se encuentra en un plan de lucha que ha recrudecido hace unos días debido a la falta de percepción de sus haberes, hace necesario y urgente disponer la intervención de autoridades estatales para colaborar con el Juzgado y la sindicatura en esa difícil tarea. Ello al margen del personal que la sindicatura estime necesario contratar o mantener.
Se requerirá, entonces, a los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires que dispongan el operativo necesario para la preservación de la paz social, para posibilitar el trabajo de los síndicos y otros auxiliares que puedan ser designados en el proceso, y para la custodia de los bienes de la hoy fallida en todos y cada uno de sus establecimientos.
Se requerirá, asimismo, al Ministerio de Trabajo de la Nación, que continúe interviniendo en el conflicto laboral y social desatado, facilitando las negociaciones con los eventuales interesados en la adquisición de la empresa como unidad, o de sus activos, manteniendo la regularidad de los REPRO o cualquier otro subsidio tendiente a brindar sostén económico alimentario a los trabajadores de la fallida y haciendo de nexo para posibilitar la ayuda estatal desde otras áreas.
Se solicitará al Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos que designe a un representante con conocimientos técnicos suficientes para asistir a la sindicatura en la tarea de nutrición y cuidado de las aves y la protección de la matriz genética, y demás medidas que deban adoptarse durante este período para la preservación de los activos de la empresa.
Finalmente, se dará intervención al Ministerio de la Producción de la Nación, para que colabore con el Juzgado en la búsqueda de potenciales interesados en la adquisición de la empresa o de sus activos.
A fin de proceder a concertar el modo de intervención, y otros detalles que serán necesarios para llevar adelante la gestión durante este período inicial, convóquese a la sindicatura liquidadora y a los representantes de cada uno de los Ministerios mencionados a una audiencia a celebrarse en la sede del Juzgado el día de mañana, 23 de diciembre de 2015, a las 12:30 horas. Notifíquese telefónicamente al Secretario de Trabajo de la Nación, señor Ezequiel Sabor, y, por su intermedio, a los restantes Ministerios.
En su caso, si alguno de los Ministerios no estuviera presente, se le notificará lo aquí decidido por oficio, cuya confección y diligenciamiento se encomienda a la Sindicatura.
De todos modos, y como ya no admite demora, líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación por Secretaría para que tome intervención en forma urgente en la custodia de los bienes.
Asimismo, intímase a Jefatura de Gabinete de la Nación y a la Gobernación de la Provincia de Buenos –a través de la Fiscalía de Estado presentada en el concurso preventivo y con domicilio constituido- a fin de que, dentro del plazo de tres días, cumplan con el Acuerdo oportunamente suscripto el 22 de septiembre de 2015 (fs. 44094/5), integrando el saldo de $ … que aún no han sido aportados. Ello con el fin de posibilitar la conservación de la empresa, al menos en el estado en que se encuentra, y sufragar los salarios de los trabajadores durante la transición. Recuérdese que esa ayuda financiera fue establecida para paliar la grave situación que atravesaba la empresa Rasic Hnos S.A. y la necesidad de preservar el empleo y, al día de la fecha, la situación que le dio causa no solo se mantiene, sino que, por el contrario, ha empeorado. Notifíquese por Secretaría con habilitación de días y horas inhábiles y en el día.
Finalmente, si bien no ha quedado constancia en las respectivas actas, se ha mencionado en las distintas audiencias celebradas en el concurso preventivo, que por lo menos uno de los contratos concertados por el interventor Gurzi para la compra de alimentos no ha sido cumplido por el proveedor pese a que se han abonado íntegramente las facturas respectivas, con fondos aportados por el Estado en el marco del Acuerdo ya mencionado. Se trataría de la firma La Oleaginosa de Huanguelen S.A. Frente a ello, requiérase a la sindicatura liquidadora que inste su cumplimento o bien que rescinda el contrato y reclame la restitución de los fondos entregados en concepto de precio.
III. En atención a lo dispuesto por el art. 88 del cuerpo legal citado, se resuelve:
a) Decretar la inhibición general de bienes de la fallida a cuyo efecto se librarán los oficios y testimonios del caso, ley 22.172 cuando correspondiere, a los registros de la Propiedad Inmueble y del Automotor de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, dejándose constancia que la medida no estará sujeta a caducidad de transcurso legal. Líbrense los oficios a los registros mencionados precedentemente a efectos de que se informen los antecedentes dominiales correspondientes a dos años anteriores a este decreto. Otórguese a la sindicatura el plazo de cinco días desde la aceptación de cargo, para acreditar el diligenciamiento de los respectivos oficios.
b) Intímese a la fallida y a los terceros que entreguen al síndico los bienes que tengan en su poder, al igual que los libros de comercio y demás documentación relacionada con su contabilidad, previniéndose a los terceros la prohibición de hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces.
Intímese al presidente del directorio de la fallida para que dentro del quinto día cumplimente la información requerida por el art. 11 de la ley 24.522, con las modificaciones introducidas por la ley 26.684, bajo apercibimiento de considerar su conducta como obstructiva y de ocultamiento patrimonial, procediendo a iniciar las acciones legales pertinentes encaminadas a reconstruir patrimonialmente el activo de la falente. Notifíquese al domicilio constituido en el estatuto con carácter de constituido y publíquese dicho requerimiento en los edictos oportunamente ordenados. Encomiéndase dicha notificación al Sr. Síndico liquidador que la deberá efectuar en el término de tres días de aceptado el cargo.
c) Ordenar la intercepción de correspondencia de carácter comercial dirigida a la fallida, la que deberá ser entregada al Síndico, librándose a tal fin oficio a la Unidad Administrativa Correo Oficial y OCA;
d) Disponer la interdicción de salida del país en los términos del art. 103 de la ley citada a los administradores de fallida, señores Emilio Rasic, DNI …, y Juan Antonio Rasic, DNI. … hasta la presentación del informe general que prevé el art. 39 de la L.C.Q. A efectos de anoticiar la interdicción de salida deberá el síndico dar cumplimiento a la presentación del Formulario 1 del Registro de Aptitud Migratoria, conforme Disposición 001151 de la Dirección Nacional de Migraciones. Por lo demás, se hace saber al funcionario que por disposición Nro. 000914 de la Dirección Nacional de Migraciones, el plazo por el cual se anotará la restricción de salida del país será de 180 días, debiendo solicitar, en su caso, y previo a su vencimiento, la renovación que estime correspondiere.
e) Decretar la inhabilitación de la fallida y de las personas físicas que hubieran integrado su órgano de administración durante el período de cesación de pagos, en los términos de los arts. 235, 236, 237 y 238 de la ley citada.
f) Líbrese oficio al Banco Central de la República Argentina, haciendo saber el decreto de quiebra, para que comunique el mismo a todas las instituciones financieras del país, las que deberán cerrar todas las cuentas corrientes de la fallida, plazo fijos y demás imposiciones a su favor, haciendo saber que los saldos que arrojen esas cuentas deberán ser transferidos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, a la cuenta de autos y a la orden del suscripto.
g) Comunicar el decreto de quiebra a sus efectos, a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Inspección General de Justicia y Registro de Juicios Universales, a cuyo fin se librarán los oficios del caso.
h) Intimar a la fallida a fin de que en el plazo de cuarenta y ocho horas constituya domicilio procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Juzgado y que cumpla en lo pertinente con los requisitos del art. 86 segundo párrafo de la ley citada.
IV. En virtud de lo establecido en los arts. 88 y 200 de la ley 24.522, se dispone lo siguiente:
1. Fijar el día 31 de marzo de 2016, fecha hasta la cual los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación de sus créditos y los títulos pertinentes al síndico, con los alcances del art. 200 L.C.Q.
Atento lo dispuesto por el art. 34 de la ley 24.522, con las modificaciones introducidas por la ley 26.684, hágase saber que los trabajadores de la fallida que no tuvieren el carácter de acreedores tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el síndico acerca de los créditos insinuados.
Impóngase a la sindicatura el requerir a todo aquel que se presente a insinuar un crédito, la denuncia de su número de documento de identidad, número de CUIT para el caso de las sociedades comerciales, y demás datos que identifiquen al o a los representantes que ostenten facultades para percibir, de lo que tomará debida constancia, a efectos de comunicarlo en la eventualidad y en su oportunidad a la entidad que tenga a su cargo el pago del dividendo concursal.
En igual sentido requerirá a los organismos públicos que se presenten a verificar (DGI, ANSeS, Rentas, A.N.A., etc.) y a las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, teléfono, electricidad, etc.), el número de la cuenta bancaria a la que, en su caso y de corresponder, se le transferirán las sumas que tuvieran a percibir (tanto en concepto de «dividendo concursal» como de «gastos del concurso» según corresponda).
2. Hacer saber al síndico que deberá presentar el informe que establece el art. 35 de la ley citada el día 12 de mayo de 2016, y el que se refiere el art. 39 de la misma ley el día 27 de junio de 2016, debiendo cumplimentar en tiempo y forma con lo dispuesto por el art 108 bis del Reglamento del Fuero (modificado por Acuerdo del 27/05/2009).
3. Ordenar la realización de los bienes de la fallida de conformidad con lo dispuesto por el capítulo VI del título III de la ley cit, con las modificaciones introducidas por la ley 26.684, difiriéndose la designación de martillero y la modalidad de realización para el momento en que se cuente con el inventario de bienes, sean incautados los mismos y se acredite que el dominio se encuentra en cabeza de la fallida.
V. Procédase a la inmediata incautación de los bienes del fallido y en la forma señalada por el art. 177 de la norma legal citada a cuyo efecto líbrese mandamiento con habilitación de días y horas inhábiles y en el día, designándose al síndico como oficial de justicia ad hoc el que deberá ser diligenciado con auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario y devuelto al Juzgado dentro de las 24 horas.
En el mismo acto se procederá a la incautación de libros, papeles y demás bienes que se encuentren en tales oficinas o establecimiento, debiendo el oficial de Justicia constatar las condiciones de seguridad y ocupación del inmueble e identificar en su caso a las personas que lo ocupan, indicando el carácter en que lo hacen. El oficial de justicia queda autorizado a hacer el uso de la fuerza pública, allanar domicilio y requerir los servicios de un cerrajero en caso de ser necesario, debiendo dejar los inmuebles en las condiciones de seguridad en fueron hallados.
Hasta tanto se determine el modo de realización de los activos, no corresponde proceder a la clausura de los establecimientos de la fallida, salvo mejor opinión de la sindicatura relativa a alguno de los establecimientos u oficinas que sea necesario clausurar para resguardar su seguridad.
Atento la premura del caso, hágase saber al síndico que deberá confeccionar el inventario de los bienes que eventualmente incaute, sin perjuicio de lo cual y para el supuesto en que ello acontezca, se procederá a la fijación de audiencia para la designación de escribano a los fines de la confección del inventario definitivo.
VI. Publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo dispuesto en el art. 89 de la ley concursal.
A tales fines, téngase presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante Resolución N° 1687/12, en el expte. N° 7163/09, resolvió disponer que la consulta y publicación de edictos en Boletín Oficial, a partir del 1° de septiembre de 2012, se realice mediante el Sistema Electrónico de Consulta y Publicación de Edictos.
VII. Hacer saber a la sindicatura, que sin perjuicio del cumplimiento de las atribuciones y deberes que le asigna el ordenamiento legal, deberá bajo apercibimiento de sanción (art. 255 de la ley cit.) observar las siguientes reglas:
a) Concurrir a la Secretaría los días martes y viernes a fin de interiorizarse del estado del trámite y de todos los incidentes, efectuando las peticiones conducentes a los mismos.
b) Proyectar y diligenciar dentro del quinto día de haber aceptado el cargo las comunicaciones ordenadas en los puntos a, c, d, e, f, g y h.
c) Vigilar estrictamente el cumplimiento de lo dispuesto en el punto VI, debiendo acreditar en autos la publicación de los edictos.
d) Presentar en un plazo no mayor al señalado para la insinuación de los créditos ante el síndico, un informe dando cuenta del cumplimiento de las comunicaciones y medidas ordenadas precedentemente.
e) Señalar al Juzgado mediante informe a presentarse en un plazo no mayor al indicado para la confección del art. 39 L.C.Q. la existencia de situaciones que justifiquen la promoción de las acciones de extensión del estado falencial a terceros y/o acciones de responsabilidad, proponiendo en su caso las medidas cautelares conducentes para asegurar el resultado de las mismas.
Nótese, en este caso, las vinculaciones societarias ya informadas por las sindicaturas en el Informe General, así como la propiedad de los bienes en cabeza de sociedades del supuesto grupo económico.
Deberá la sindicatura también evaluar la necesidad de promover investigaciones tendientes a recomponer el activo falencial, el destino dado a los subsidios estatales entregados a la empresa desde el año 2007 por lo menos y, en su caso, si existen elementos para deducir acciones de responsabilidad.
f) Cumplir fielmente los mandatos del Tribunal procurando la mayor celeridad en la evolución del procedimiento, a fin de una mas pronta consecución de los objetivos del trámite concursal.
g) Asimismo, en cumplimiento de tales deberes, deberá emitir el funcionario sindicar emitir un dictamen individual que se encuentre adecuadamente fundado, opinando sobre la procedencia de la verificación de los créditos en estudio, prestando especial atención a las cuestiones sobre liberación de las obligaciones (vgr. Prescripción), ello atento la prohibición dispuesta por el art. 3964 del Cód. Civil y bajo apercibimiento de remoción (art. 255 de la L.C.Q.).
VIII. Toda vez que las providencias del Tribunal y los informes individual y general del síndico pueden ser consultados por Internet, prescíndase de la formación del legajo art 279 ley 24.522.
IX. Si bien el Tribunal tiene acceso vía intranet a obtener informes del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y Registro de la Propiedad Automotor, lo cierto es que los resultados suelen ser históricos, no actualizados. Luego, debe ingresarse uno por uno a los dominios para conocer si continúan en cabeza de Rasic Hnos S.A.
Tratándose de una sociedad de larga data, considerando la información a la que se tienen acceso por el concurso preventivo y que los bienes más relevantes se encuentran ubicados en la Provincia de Buenos Aires, registro al cual el Juzgado no tiene forma de solicitar informes vía intranet, prescíndese de esta herramienta y encomiéndase a la sindicatura el diligenciamiento del pedido de informes por la vía convencional.
X. Notifíquese a la fallida, y a las tres sindicaturas en los domicilios constituidos en el concurso preventivo, y al señor Sabor telefónicamente.
VALERIA PEREZ CASADO
Juez
LEY 24522 – BO: 20/07/1995
Perciavalle, Marcelo L. – Atribuciones y deberes de la sindicatura societaria – Erre ius on line – tomo I – Marzo 2005 – .
Nota:
(*) Nota de la Editorial: Se advierte al suscriptor que, por tratarse de un fallo de primera instancia, el mismo podría no encontrarse firme al momento de su publicación.
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