Se confirma la resolución que intimó a la empresa demandada a depositar en pago o en embargo la suma reclamada por la trabajadora, a los efectos de desvirtuar el estado de insolvencia patrimonial denunciado, bajo apercibimiento de decretar la quiebra, pues si bien la cesación de pagos constituye un estado que impide al deudor cumplir con sus obligaciones, no puede soslayarse que el art. 83 de la ley concursal solo requiere del acreedor peticionario la prueba sumaria de los hechos reveladores de aquella situación de impotencia patrimonial.
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