Se revoca la resolución que rechazó la pretensión de falencia por no haber demostrado de manera concluyente la existencia de un estado generalizado y permanente de impotencia patrimonial, toda vez que lo que la ley concursal exige al acreedor no es la prueba de la cesación de pagos, sino la prueba de los hechos reveladores de la cesación de pagos.
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