Se resuelve que resulta improcedente franquear en el caso la instancia revisora ya que la entidad del gravamen exhibido por el actor y por los demandados no configura "agravio computable", por no alcanzar el nivel mínimo estipulado por el art. 43 de la ley 10.160. Habiendo declaración oficiosa de mala concesión del recurso, las costas de la alzada deben ser impuestas por su orden, atento a que ambas partes (la apelante al deducir un recurso improcedente y la apelada al guardar silencio ante tal situación) dieron lugar a un despliegue jurisdiccional inútil.
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