Se confirma la resolución que decretó de oficio la caducidad de instancia pues, desde el diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago y citación de remate (con resultado negativo) hasta la resolución apelada, transcurrió ampliamente el plazo de inactividad de seis meses que previene el art. 310, inc. 1° del Código Procesal.
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