Se resuelve receptar la multa establecida en el art. 1 de la ley 25.323, ya que la a quo basa su decisión en el hecho de que no existe una constancia documental que acredite esta modalidad, pero lo cierto es que, precisamente, uno de los requisitos para evadir la ley mediante estos pagos no registrados es que no queden asentados en ningún libro y mucho menos en poder del trabajador.
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