Se anula la resolución que homologó lo dictaminado por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal en cuanto a que debía hacerse lugar a la aplicación del estímulo educativo previsto en el artículo 140 de la ley 24660 y que redujo en ocho meses los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario; ello por considerar que se ha omitido dar tratamiento a cada uno de los argumentos conducentes traídos por la defensa para resolver el objeto de la incidencia.
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