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JURISPRUDENCIACompetencia. Conflicto intersindical. Encuadramiento sindical y convencional
En el marco de un amparo sindical, se confirma la resolución del Tribunal del Trabajo mediante la cual se declaró incompetente para entender en la demanda mediante la cual una asociación sindical reclamó que se garantice el encuadramiento sindical y convencional vigente de 42 trabajadores.
La Plata, 4 de marzo de 2015.
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
El Dr. Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo se declaró -de oficio- incompetente para intervenir en las presentes actuaciones, mediante las cuales la entidad sindical «Unión de Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina» (U.R.G.A.R.A.) reclamó -con sustento en los arts. 1 de la ley 13.928 y 47 de la ley 23.551- que se garantice «la plenitud del encuadramiento sindical y convencional vigente» de cuarenta y dos trabajadores que se desempeñan en la empresa Bunge Argentina S.A. (demanda, fs. 98 vta.).
Lo hizo por entender que, a tenor de la narración efectuada en la demanda y la documentación acompañada por la actora, en el caso de autos no se debate un conflicto individual ni plural entre trabajadores y empleadores encuadrable en el ámbito del art. 2 de la ley 11.653, sino un conflicto intersindical entre U.R.G.A.R.A. y el «Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario» (S.O.E.A.R.), entidades sindicales que se disputan la representación de ciertos trabajadores de la empresa referida.
Explicó el juzgador que dicha controversia no debía ser debatida en el marco de una pretensión deducida contra el sindicato contendiente y el empleador ante la justicia provincial, sino a través de los procedimientos instituidos legalmente para ese tipo de conflictos. Al respecto, precisó -con apoyo en la doctrina legal emitida por esta Corte en las causas L. 71.498 y L. 80.139, entre otras- que, para resolver los conflictos intersindicales, debe recurrirse ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y, en su caso, a la Justicia Nacional del Trabajo, que es la competente para resolver las acciones y recursos reglados por el art. 59 de la ley 23.551.
Sobre esa base, concluyó en que la disputa de encuadramiento gremial deducida no es susceptible de solución por la vía judicial provincial ordinaria escogida por la actora, careciendo el tribunal de trabajo de competencia para intervenir en la causa (fs. 124 vta./125 vta.).
En otro orden, el a quo desechó asimismo la medida cautelar de no innovar reclamada por la actora, por la cual peticionó que no se alterase el encuadramiento sindical y convencional de los cuarenta y dos trabajadores identificados en la demanda (fs. 117/119 vta.).
Más allá de señalar inicialmente que el tribunal carecía de competencia para decretar la tutela precautoria a tenor de lo que dispone el art. 196 del Cód. Procesal Civil y Comercial, agregó el sentenciante que el art. 47 de la ley 23.551 no faculta a los jueces a sustituir los trámites legalmente instituidos ni a irrumpir en asuntos extraños a los que dicha ley les ha conferido, razón por la cual debió en todo caso la actora haber demostrado el fracaso de la gestión ante el organismo correspondiente (Ministerio de Trabajo de la Nación), que está facultado para adoptar las medidas precautorias necesarias de conformidad al poder de policía del trabajo que ostenta (fs. 125 vta./126).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 2 incs. b), 12, 18, 27, 28 y 44 inc. d) de la ley 11.653; 196, 198, 321 y 496 del Cód. Procesal Civil y Comercial; 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1, 23, 31, 47, 59 y 60 de la ley 23.551; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 1 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la doctrina legal de esta Suprema Corte que identifica (fs. 129/141 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
1. En primer lugar, afirma que, al desestimar in limine la demanda, el tribunal vulneró los arts. 27 y 28 de la ley 11.653 y 321 del Cód. Procesal Civil y Comercial, afectando la garantía de acceso a la justicia, toda vez que, constituyendo el objeto del proceso una acción de amparo sindical fundada en el art. 47 de la ley 23.551, no existe norma alguna que habilite el proceder efectuado por el a quo, quien debió haber corrido traslado de la acción (fs. 137).
2. En segundo orden, cuestiona que el fallo haya calificado a la controversia sometida a su conocimiento como un conflicto intersindical (fs. 138/139).
Refiere que dicha calificación es arbitraria y no se condice con las constancias de la causa, ya que la demanda se dirige a objetar comportamientos antisindicales de la accionada con arreglo a lo prescripto en el convenio colectivo de trabajo suscripto entre las partes.
Añade que el art. 47 de la ley 23.551 establece que las acciones dirigidas a hacer cesar las conductas antisindicales deben sustanciarse conforme al procedimiento sumarísimo previsto en los códigos procesales provinciales, mientras que el art. 63 del mismo texto legal atribuye la competencia a los jueces laborales locales para resolver ese tipo de contiendas, tal como lo recepta el art. 2 inc. b) de la ley 11.653.
Luego -reflexiona- la declaración de incompetencia «carece de todo sustento normativo», en tanto se apoyó en premisas que nada tienen que ver con la raíz del conflicto denunciado en la demanda.
Dice, en ese sentido, que la actora no solicitó al tribunal que se pronuncie respecto de la resolución del conflicto intersindical, sino que el planteo «fue mucho más allá de ese tema puntual», pues se solicitó la vigencia de la ley sindical y la plenitud del encuadramiento sindical y convencional vigente.
3. En tercer término, critica el rechazo de la medida cautelar (fs. 139).
Asevera que, amén de que el tribunal es competente para resolver el conflicto, la incompetencia no hubiera sido óbice para otorgar la medida cautelar solicitada, desde que el art. 196 del Cód. Procesal Civil y Comercial autoriza a los jueces incompetentes su dictado en casos donde la gravedad y la urgencia así lo justifiquen.
4. Para finalizar, afirma que, al resolver como lo hizo, el tribunal vulneró la doctrina legal establecida por esta Corte en las causas L. 116.783, «Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón» (sent. del 11-IX-2013) y L. 104.668, «Bravo» (sent. del 21/XI/2011), e incurrió en absurdo (fs. 139/140 vta.).
Sostiene que -según lo ha resuelto la Corte federal en los casos que cita- carecen de fundamento los fallos que se apartan de la jurisprudencia del alto Tribunal sin aportar nuevos fundamentos que justifiquen modificar esa posición.
III. El recurso no prospera.
1. Invirtiendo el orden de tratamiento de los agravios propuesto en el recurso por razones metodológicas, señalo en primer lugar que la impugnante no logra conmover la conclusión del tribunal relativa a que el objeto del proceso lo constituye un conflicto intersindical.
a. En efecto, el juzgador, tras analizar el escrito de demanda y la documentación acompañada por la actora, interpretó que en el caso se debate un conflicto intersindical entre la «Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina» y el «Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario», por el cual se disputan la representación de cuarenta y dos trabajadores que prestan servicios en la empresa Bunge Argentina S.A., es decir, un diferendo de encuadramiento sindical (sent., fs. 124 vta./125).
b. La recurrente objeta esa conclusión señalando que es «arbitraria y no se condice con las constancias de la causa» (fs. 137 vta.). Afirma que la pretensión se dirigió a objetar comportamientos antisindicales y a que se garantice «la plenitud del encuadramiento sindical y convencional vigente» (fs. 138 vta.).
c. Expresada en esos términos, la crítica es notoriamente insuficiente para modificar lo resuelto.
Ello así, porque, en tanto lo que la agraviada pretende conmover es la interpretación que del contenido de la demanda efectuó el tribunal de trabajo (tarea que, en principio, le compete en forma privativa y sólo excepcionalmente podría ser revisada por esta Corte) debió haber denunciado -y acreditado- la absurda valoración de dicho escrito constitutivo del proceso y la violación del principio de congruencia y de las normas que lo receptan, carga que ciertamente no satisfizo en la especie, lo que demuestra la insuficiencia de la crítica (conf. causa L. 90.676, «Villalón», sent. del 30/VIII/2011) y sella su suerte adversa.
En ese sentido, ha declarado en forma reiterada este Tribunal que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de la demanda, pero no alega la existencia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, ni denuncia la violación de las normas procesales que regulan el principio de congruencia (conf. doct. causas L. 117.314, «Gorosito», sent. del 16/VII/2014; L. 108.335, «Ali», sent. del 9/X/2013; L. 109.758, «Fort», sent. del 12/XII/2012; L. 106.411, «Hernandorena», sent. del 12/IX/2012; L. 90.676, «Villalón», sent. del 31/VIII/2011; L. 102.630, «Guerci», sent. del 9/XII/2010; C. 99.979, «Vergara», sent. del 19/V/2010; L. 94.302, «Occhiuzi», sent. del 18/II/2009; L. 90.008, «Bavosa», sent. del 8/X/2008; L. 92.546, «Yavico», sent. del 28/V/2008; L. 83.205, «Arcucci», sent. del 27/XI/2006; L. 80.421, «Ontiveros», sent. del 22/XI/2006; L. 58.915, «Abuin de Lacasia», sent. del 8/IV/1997; Ac. 36.870, «Lifstz», sent. del 2/VI/1987; L. 34.998, «Aguirre», sent. del 8/V/1985).
Semejantes deficiencias -ha dicho este Tribunal, al desestimar agravios similares al aquí examinado- no pueden ser salvadas por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por el recurrente para sustentar la impugnación (conf. causas L. 106.463, «Román», sent. del 29/V/2013; L. 106.464, «Núñez», sent. del 24/X/2012; L. 109.322, «Barrientos», sent. del 19/IX/2012).
Máxime cuando el a quo arribó a la conclusión antedicha basándose no sólo en la interpretación del escrito de demanda, sino también de la «documentación acompañada» (fs. 124 vta.), haciendo implícita pero a la vez inequívoca referencia a las actuaciones del Ministerio de Trabajo de la Nación en las cuales se resolvieron conflictos de encuadramiento sindical entre el sindicato actor y el demandado (agregada como documental a fs. 13/89), prueba cuya valoración tampoco ha sido objetada en el embate.
d. Aun cuando lo expuesto basta para desestimar el agravio, no es ocioso destacar que en reiterados pasajes del escrito inicial, la asociación sindical actora hizo expresa referencia a que lo que se debatía en el caso era un conflicto de encuadramiento sindical (fs. 99, 101, 104 y vta., 105, 106, etc., llegando incluso a señalar: «suscitada una contienda de encuadramiento sindical como la del tipo …»; ver fs. 105), dato que no sólo impide catalogar como arbitraria la calificación del objeto del proceso efectuada en la instancia, sino que también evidencia que, al plantear en el recurso que no estamos en presencia de una controversia de esa índole, la impugnante intenta modificar la postura inicialmente asumida, todo lo cual resta toda entidad al cuestionamiento examinado.
2. Debiendo permanecer firme la conclusión del tribunal de grado relativa a que el objeto del proceso es un conflicto intersindical motivado por una disputa de encuadramiento sindical, debe confirmarse asimismo la incompetencia de la justicia provincial para entender en el caso, desde que lo resuelto se adecua a la doctrina legal de esta Corte sobre la materia debatida.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que la cuestión suscitada entre dos asociaciones sindicales acerca de la aptitud representativa de ambos gremios respecto de un sector de trabajadores, evidencia la existencia de una controversia intersindical configurativa de un conflicto de encuadramiento sindical y, consiguientemente, no susceptible de solución por la vía judicial ordinaria provincial (conf. causa L. 83.377, «Chaves», sent. del 23/XI/2007).
Tal como se resolvió allí, el sindicato que pretende plantear una controversia de estas características debe iniciar el trámite de encuadramiento sindical en la vía asociacional correspondiente o, en su defecto, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, para luego someterlo, en su caso, a decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (art. 59, ley 23.551, arts. 1, 2 y 5, dec. 1040/2001, conf. causa L. 83.377, «Chaves», cit.).
En ese contexto, no le asiste razón a la impugnante en cuanto postula que la causa es de competencia de la justicia laboral local en virtud de lo que prescribe el art. 2 inc. b) de la ley 11.653, en cuanto atribuye aptitud jurisdiccional a los tribunales del trabajo «en aquellas acciones respecto de las cuáles el régimen de las asociaciones sindicales establezca la competencia local».
Ello es así porque -permaneciendo inmóvil la conclusión de que en autos se debate un conflicto de encuadramiento sindical, y en tanto la ley 23.551 asigna expresamente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la competencia para resolver las acciones (arts. 59, segundo párrafo y 62 inc. «e», ley 23.551) y los recursos (arts. 59, tercer párrafo, ley 23.551) relativos a este tipo de controversias- resulta a todas luces evidente que no estamos ante un litigio respecto del cual la Ley de Asociaciones Sindicales establece la competencia local.
Sobre esa base, debe confirmarse la declaración de incompetencia pronunciada por el tribunal del trabajo, sin que obste a ello el argumento recursivo concerniente a que debió necesariamente correrse traslado de la demanda, desde que, en tanto la competencia debe ser definida in limine litis, el tribunal no sólo puede -sino que debe- inhibirse de oficio si considera (como acertadamente lo resolvió el a quo en la especie) no ser competente para conocer en el asunto por razón de la materia (art. 6, ley 11.653).
3. Tampoco es atendible el agravio por el cual se denuncia la violación de la doctrina legal establecida en las causas L. 116.783, «Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón» (sent. del 11/IX/2013) y L. 104.668, «Bravo» (sent. del 21/XI/2011).
La insuficiencia de tal crítica es palmaria, toda vez que la recurrente se limita a citar la carátula de tales precedentes, sin hacer referencia alguna a su contenido ni, mucho menos, a las razones que justificarían -por la eventual similitud de circunstancias fácticas y jurídicas presentes en uno y otro caso- aplicar la doctrina que de ellos emana a la presente causa (ver fs. 138 vta./139).
Huelga señalar que el intento recursivo no abastece las exigencias requeridas por la ley procesal (art. 279, último párrafo, del C.P.C.C.) si la cita de la doctrina legal que considera violada no es acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (conf. causas L. 106.269, «Collado», sent. del 29/II/2012; L. 112.489, «Sartal», res. del 24/XI/2010). Ello, porque, a los fines de su suficiencia, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe cumplir con la carga de individualizar concretamente la doctrina que se dice violada y señalar los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar (conf. causas L. 106.269, «Collado», sent. del 29/II/2012; A. 69.412, «P., L.», sent. del 18/VIII/2010), exigencias -como se ha visto- incumplidas por la aquí recurrente.
4. Finalmente, tampoco es atendible el gravamen por el cual se cuestiona el rechazo de la medida cautelar.
En primer lugar, cuadra recordar que las decisiones relativas a las medidas cautelares no tienen carácter de definitivas en el concepto del art. 278 del Cód. Procesal Civil y Comercial (conf. causas L. 116.783, «Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón», sent. del 11/IX/2013; L. 98.352, «Duarte», sent. del 30/XI/2011; L. 98.363, «Muñoz», sent. del 30/XI/2011), sin que la recurrente haya siquiera invocado razón alguna susceptible de excepcionar en el caso dicha regla general.
En segundo orden, cabe asimismo tener en cuenta que el tribunal desestimó la medida precautoria solicitada por la actora no sólo en razón de que se consideró incompetente (sent., fs. 125 vta.; único aspecto al que se dirigen las críticas de la agraviada), sino también, por juzgar que, en todo caso, para que resultara viable una medida cautelar en un proceso en el que se debate un conflicto intersindical, debió la requirente haber invocado, al menos, el fracaso del trámite ante la autoridad administrativa (sent., fs. 126), fundamento autónomo que, más allá de lo que pudiera opinarse sobre su acierto sustancial, no ha sido objetado en el lacónico agravio bajo examen (fs. 139).
Luego, la crítica debe ser desestimada por aplicación de la conocida jurisprudencia de esta Corte con arreglo a la cual es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del fallo apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del decisorio y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, acordaron a aquél debido sustento y que, sin embargo, no fueron rebatidos (conf. causas L. 114.222. «Maggi», sent. del 29/V/2013; L. 102.202, «Cattanio», sent. del 18/V/2011; L. 98.064, «Pedulla», sent. del 5/V/2010; L. 88.158, «Bejarano», sent. del 17/XII/2008; L. 94.963, «González», sent. del 26/XI/2008; L. 82.932, «Calvo», sent. del 30/V/2007; L. 48.067, «Divano S.A.», sent. del 6/X/1992; L. 35.167, «Galván», sent. del 22/X/1985).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Costas a la recurrente vencida (art. 289, C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
Los Dr.es de Lázzari, Hitters y Pettigiani por los mismos fundamentos del señor Juez Dr. Negri, votaron también por la negativa.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.). Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Juan C. Hitters
Héctor Negri
Eduardo J. Pettigiani
Eduardo N. de Lázzari
014194E
