Se rechaza el recurso de apelación deducido contra la resolución emitida por el B.C.R.A que impuso a una entidad financiera una multa por infracción a la obligación de exigir a sus clientes la documentación necesaria que permita justificar el origen de los fondos. Se entiende que el hecho de que los sujetos a los cuales debía exigirles la documentación hayan sido clientes o que parte de los fondos utilizados en las operaciones cuestionadas ya hubieran estado “bancarizados” no constituye una razón bastante para que la entidad financiera hubiera continuado operando con ellos sin cumplir con el requisito básico establecido en la normativa.
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