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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido directo. Despido verbal. Requisitos. Efectos
Se hace lugar a la demanda por despido arbitrario interpuesta por la trabajadora, habida cuenta de que la empleadora incumplió con las formalidades impuestas por la ley laboral para despedir con causa a su empleada. Si bien es válido todo despido verbal, es un despido sin causa y una posterior comunicación escrita no puede completar el despido ya consumado verbalmente y sin justificación. Es por ello que la invocación por parte de la empleadora de un despido por “falta o disminución de trabajo” resultó completamente injustificada, por lo que la empleadora debe abonar la totalidad de la indemnización debida.
En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, se reúnen los Señores miembros de la Sala II Laboral de la Excma. Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Vicente Martín Romero, Fabián Arturo Ronconi y Alberto Adrián Welp, para conocer el recurso interpuesto en los autos del epígrafe. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el siguiente orden: Ronconi, Romero y Welp.
Estudiados los autos la Sala II propuso la siguiente cuestión a resolver:
¿Es justa la sentencia apelada? y, en su caso, ¿qué corresponde resolver?
A la cuestión propuesta el Vocal Fabián Arturo Ronconi, dijo:
I.- Que en fecha 18 de Octubre de 2017, la juez a cargo del Juzgado del Trabajo de la ciudad de Gualeguay, Dra. Mónica M. Terraza, dictó sentencia en la cual hizo lugar a la demanda entablada por la Sra. María Angelina González DNI ………., contra Fumigar S.R.L., condenando a esta firma al pago de la suma de $ 422.295,42. Impuso costas a la demandada vencida, reguló honorarios a los profesionales intervinientes y ordenó la entrega de la certificación de servicio. La sentencia obra a fs. 175/181.
II.- Para arribar a la condena señalada estableció que los hechos controvertidos, sobre los cuales giraba el litigio, eran los siguientes: a) determinar si el despido directo reunía los recaudos que exige el art. 247 LCT y, a partir de allí, si correspondía hacer lugar o no al reclamo de diferencia indemnizatoria que la actora pide con base en el art. 245 de la LCT; b) la procedencia o no de la indemnización prevista en el art. 52 de la ley 23.551; c) y si correspondía o no la entrega de certificación de servicios y la multa prevista por el art. 80 LCT que se interesan.
En lo atinente al primer -y principal- punto, la a quo entendió que la accionada no cumplimentó con el procedimiento preventivo de crisis contemplado en la Ley Nacional de Empleo para morigerar los efectos negativos de la disminución de trabajo, impidiendo ello tornar aplicable la excepción prevista en el art. 247 LCT. En tal sentido, concluyó que Fumigar SRL no tomó medida alguna para paliar la situación, sino que simplemente procedió a los despidos con una causa que no fue acreditada.
En atención a lo expuesto señaló que correspondía a la actora percibir la indemnización por antigüedad que establece el art. 245 LCT y atento ello, habiéndosele abonado solo el 50% de la misma, resultaba pertinente el reclamo por diferencia indemnizatorio incoado. Asimismo resultaba procedente la indemnización del art. 52 de la ley 23.551, el incremento del art. 2° ley 25.323, y la multa que establece el 3er. párrafo del art. 80 de la LCT.
III.- Contra el fallo se alzó la demandada e interpuso recurso de apelación (fs. 182) que fundó con el memorial de agravios de fs. 196/198vta.
Las protestas que allí vierte contra la sentencia objetada, en prieta síntesis, son las siguientes: a) Reprocha en primer lugar que la a quo le haya exigido adoptar, previo al despido, conductas que no se encuentran previstas en la ley 24.013; en concreto la tramitación del procedimiento preventivo de crisis y la acreditación de haber recurrido infructuosamente a otras medidas adecuadas tendientes a superar la coyuntura desfavorable. Entiende que los hechos y probanzas de los presentes autos encuadran cabalmente en las previsiones del art. 247 de la LCT, por lo que el despido resultó legal. b) Se agravia por la valoración que realizó la judicante sobre la documental, testimonial y pericial contable producidas, considerando que la misma se apartó de tales probanzas. Remarcó que una interpretación armónica de las mismas otorga aval suficiente al despido directo dispuesto dado haber acreditado, Fumigar SRL, pérdidas de rentabilidad desde el año 2014. c) Critica la sanción impuesta por incumplimiento de la entrega de certificación de servicios y remuneraciones previstas en el art. 80 de la LCT. Resalta que la juez no tuvo en cuenta las páginas extraídas del sistema de ANSES, lo que da cuenta de que no estuvo habilitada para la extracción de los datos que deben incluirse en dicha certificación.
La demandante apelada respondió a fs. 201/203vta. y en su memorial defensivo interesó, preliminarmente, se declarase la deserción del recurso por deficiente fundamentación. Luego contestó los agravios vertidos por la quejosa y bregó por la confirmación del fallo objeto de embate.
IV.- Así planteado el entuerto adelanto, por comodidad expositiva, que voy a proponer a los colegas jueces de esta Sala rechazar el recurso deducido por Fumigar SRL y, consecuentemente, confirmar la sentencia de grado, con costas al apelante perdidoso.
No obstante anticipo que lo haré en base a fundamentos diferentes a los tenidos en cuenta por la Sra. Juez de la instancia anterior, apoyándome para así proceder en la doctrina judicial que indica que, apelado que resulta un fallo en su totalidad, o en lo angular de su argumentación, revierte al tribunal de apelación la plena e íntegra jurisdicción; quedando la Alzada, respecto del substracto fáctico jurídico puesto a su consideración, en la misma situación en que en su momento se encontraba el juez de grado (CSJN, “De Zouza Francisco c. Estado Nacional” del 4-8-77, La Ley, 1978-A, 204; Id., 8-3-77, Rep.E.D. 11-801, n° 34; id. 2-11-95, Rep. ED, 30-1072, n° 21; también Fallos 297:130) pudiendo valorar cuestiones que este último no mencionara en su sentencia, sin nada que obste a la consideración de los extremos fácticos de la causa (CSJN, 5-10-99, Rep. ED, 35-1231, n° 11).
Adelantada la conclusión, entonces, paso a volcar los argumentos que, entiendo, sustentan jurídicamente la misma. Ello son:
1) En primer lugar, y respecto del pedido que formula la recurrida a fin de que se declare desierta la apelación por insuficiente argumentación, voy a reiterar un comentario que ya he hecho en -varios- anteriores votos. En mi sentir se ha tornado ya un cliché que quien contesta agravios formule un planteo como el sub examine. Pareciera que el letrado que representa la parte “apelada” teme que su responde no esté completo si no introduce la cuestión. Y, como todo lo que se hace por mero ritualismo, tal petición suele efectuarse dogmáticamente, sin correlato puntual con las circunstancias concretas del caso; aunque, eso sí, revestida con el solemne ropaje que brindan las citas de doctrina y jurisprudencia relacionadas con el tema.
Esto es lo que se observa en el presente donde después de transcribir, el accionante, lo que dispone el inc. c) del art. 125 del CPL, y antes de “pegar” un extenso precedente jurisprudencial (fs.201 vta.), dedica un solitario párrafo de escasos ocho renglones a quejarse porque la recurrente “se ha limitado a hacer una crítica de la interpretación que el a-quo hace de las pruebas producidas en autos”.
Esto obviamente no alcanza para fundamentar una pretensión de deserción y, a la vez, evidencia que la recurrida ignora que criticar la valoración probatoria que efectuó el judicante anterior es una de las posibles protestas que pueden esperarse, precisamente, de una expresión de agravios.
En fin, el pedido de deserción no merece acogimiento.
2) Yendo, entonces, al nudo gordiano a desatar advierto que se encuentra fuera de discusión que la Sra. María Angélica González, empleada de Fumigar SRL que a la vez se desempeñaba como Secretaria de actas del Centro de Empleados de Comercio de Gualeguay, fue despedida verbalmente en fecha 5-5-16. Luego, vía postal, su empleadora alegó un preexistente “cese” de actividades por dificultades económicas que, según su entender, enmarca el distracto en los términos del art. 247 de la LCT.
La Sra. Juez de grado, si bien llegó a una conclusión que desde mi punto de vista es justa, lo hizo transitando senderos jurídicos equivocados. Concretamente: la magistrada ponderó que, al haber encuadrado -Fumigar SRL- el despido de la actora en los términos de aquel citado precepto, debió ajustarse al Procedimiento Preventivo de Crisis contemplado en los arts. 98 y ss. de la Ley Nacional de Empleo 24.013 (fs. 176 vta.); dado que no hacerlo constituye “un obstáculo insalvable para tener por acreditada la crisis en la oportunidad en que se invocó como causa del despido” (fs. 177 vta.). Sin mengua de ello adujo que la prueba propuesta por la accionada solo estuvo dirigida a demostrar las dificultades económicas alegadas pero soslayó acreditar las medidas ensayadas para paliar esa supuesta crisis.
Este razonamiento, que es central en el fallo, -a mi ver- soslaya cuestiones previas y elementales que, me parece, lo tornan innecesario por abstracto. Así lo digo porque el señalado barrunto pasa por alto: (i) el hecho de que el despido de la Sra. González, decidido por Fumigar SRL el día 5 de mayo de 2016, fue comunicado en forma verbal y siendo así nunca pudo ser “tenido” como la denuncia justificada del contracto que contempla el juego armónico de los arts. 242, 243 y 247 de la LCT. (ii) Por lo demás, aun barajando la hipótesis de que la aclaración postal posterior al despido, que Fumigar SRL formuló mediante CD de fecha 13-5-2016, de algún modo complementó y “motivó” el distracto, no puede obviarse que el primer hecho a examinar, entonces, debió ser si tal comunicación satisfacía las exigencias del art. 243 de la LCT para tener el despido como justificado. (iii) Finalmente, sorteado este precedente escollo, la Sra. Juez podía -y debía- analizar si el pretendido “cese de actividades” de la empresa, acaecido un año antes según su relato, habíase producido efectivamente o no (Si no se había producido, el ponderar si la empleadora había seguido el PPC mencionado o no, deviene superfluo).
Entiendo que las respuestas a estas tres cuestiones planteadas resultan -todas- favorables a la posición de la trabajadora accionante y, expuestas unas en subsidio de las precedentes, sustentan de modo bastante la resolución favorable adoptada en la sentencia cuestionada.
3) Me explico en relación al primer punto.
La demandante adujo haber sido despedida verbalmente el día 5-5-16 y, cuando pidió a la accionada le aclarase su situación laboral (TCL del 10-5-2016), Fumigar SRL confirmó la especie y “ratificó” la denuncia contractual verbal (C.D. del 13-5-2016).
Ante esto, y en razón que el despido -como pacíficamente entienden doctrina y jurisprudencia- es un acto jurídico derogatorio, que al ser unilateral y recepticio opera la resolución contractual al ingresar efectivamente en la esfera de conocimiento normal de la contraparte (cfr. Vazquez Vialard, Tratado, t.5, Ed. Astrea, 1984, pag. 269), corresponde concluir que la rescisión comunicada verbalmente a González produjo efectos inmediatos y siendo así el vínculo feneció el día 5-5-2016.
Así debe entenderse porque, como el grueso de la doctrina laboralista lo explica, el despido puede ser manifestado de cualquier manera, incluso verbalmente, resultando exigible la forma escrita solo cuando se pretende “justificar” la medida (cfr. Juan Carlos Fernandez Madrid, «Tratado Practico de Derecho del Trabajo», Ed. La Ley, Tomo II, pág. 1808).
Dado aquello, la aclaración posterior de Fumigar SRL que la medida rupturista estuvo movida por dificultades económicas que no le resultan imputables resulta, a todas luces, extemporánea e inoperante para trocar el despido injustificado en uno de características opuestas. Y esto por la simple razón de que el vínculo habíase extinguido y no es posible “revivirlo” sin un nuevo consenso. Como señala Carlos Pose “…todo despido verbal es un despido sin causa ya que, en tales supuestos, se entiende que la empresa ha renunciado a invocar las justas razones del distracto…” (“Sobre la acreditación fehaciente del despido verbal”; DT 2001-B, 1679)
No se me escapa que muy autorizada doctrina, al considerar que el despido fundado en el art. 247 LCT es lícito porque se apoya en una causal admitida por la propia ley -la cual no impone ninguna exigencia formal-, no encuentra obstáculo a la posibilidad de que el empleador invoque “fuerza mayor” o “falta o disminución de trabajo” solo verbalmente (cfr. López, Justo; Centeno Norberto y Fernández Madrid, Juan C., en Ley de Contrato de Trabajo comentada, Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1978, To.II, págs.1004 y 1008); sin embargo, aún en esta hipótesis y como los citados autores no dejan de reconocer, las dificultades probatorias que acarrea el supuesto desaconsejan el sistema, y el presente caso es un ejemplo al respecto: la demandada implícitamente alegó, al utilizar el término “ratificar” en su comunicación postal del 13-5-2016, que cuando comunicó el despido a González le informó sobre los motivos económicos en los que se fundaba; empero, al haber negado la trabajadora el extremo debió Fumigar SRL esmerarse en demostrar la invocación de dicha causal y nada hizo al respecto.
Discurro, pues, en función de lo expuesto y habiendo ambas justiciables reconocido que el 5-5-2016 la empleadora comunicó verbalmente a la trabajadora González su despido, que tal comunicación extinguió el vínculo y generó, en cabeza de esta última, los créditos laborales que la Sra. Juez a quo le reconoció.
4) Por lo demás, y visto el asunto desde la perspectiva normativa que proveen los arts. 242 y 243 de la LCT, se advierte que la ley laboral general del país adoptó, en remedo del tradicional pacto comisorio, un sistema simple y tuitivo de los intereses del sujeto débil. Así, si bien no dotó al despido de formalidad alguna y por eso -lo reitero- es válido el manifestado solo “verbalmente”, cuando el empleador adopta la medida rupturista con fundamento en justa causa, la LCT expresamente le exige que el medio de comunicación sea “escrito” y contenga la «expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda» como carga para el empleador.
El respeto del derecho de defensa (art. 18 CN) es el fundamento de esta opción legislativa y, como tal, también resulta aplicable en beneficio del empleador si quien decide el distracto es el trabajador (despido indirecto).
A partir de lo expuesto, aún en la hipótesis de considerar que la aclaración efectuada por Fumigar SRL en la citada CD del 13-5-2016 -como dije antes- de algún modo complementó y “motivó” el distracto, debió la juzgadora examinar si dicha comunicación satisfacía las exigencias del art. 243 de la LCT y, puesto en esa tarea, entiendo que la respuesta es negativa.
Como oportunamente lo alegó la demandante (ver fs. 10 vta.) la empleadora, mediante aquella misiva, a la vez que ratificó el despido verbal alegó que la medida tenía anclaje en el art. 247 de la LCT y que obedecía a que, “por razones no imputables a la misma”, la empresa había cesado en su actividad desde un año atrás.
Creo no es necesario demasiado esfuerzo argumental para predicar que el reseñado texto de la CD de fecha 13-5-2016 evidencia un deficitario cumplimiento de la manda legal citada. En concreto: la empleadora no puntualiza cuales habría sido las dificultades económicas a que hace referencia; con vaguedad dice que ha cesado en su actividad desde un año atrás sin precisar fecha, y no repara en lo auto-contradictoria que resulta su conducta al no explicar porque “tardó” un año desde el supuesto “cese” en despedir a González.
En resumen, la comunicación es vaga, imprecisa y por ello insatisfactoria respecto de los términos -y constitucionales fundamentos- que exhibe el art. 243 de la LCT.
Esta hermeneútica es la que ha seguido nuestro cimero tribunal provincial en más de una sentencia (vgr. «Lezcano, Martín c/Frigorífico Gualeguaychú», del 5/9/80; «Abatidaga, Omar Carlos c/Molinos Río de la Plata S.A.», del 7/9/81; «Flores, J.S. c/Molinos Río de la Plata S.A.» del 28/6/82) y según la misma, «Al determinar la ley que la comunicación enuncie el o los hechos que lo motivan, se refiere a hechos concretos, específicos, individualizados, expresos, enunciados taxativamente, no susceptibles de ser ampliados o modificados posteriormente»; mientras que toda aclaración que se efectúe en otra oportunidad -en el caso, en la contestación a la demanda- no subsana su omisión. Como se ha indicado, la comunicación «debe bastarse a sí misma», evitando con ello toda discusión ulterior sobre los hechos motivantes de la denuncia contractual.
No eludo considerar que pueden encontrarse precedentes jurisprudenciales que admiten la validez de una comunicación de despido con insuficiente mención de la causal en que se funda cuando el trabajador no puede ignorarla (por ejemplo, casos que cita Rodríguez Mancini, en el T.IV de su obra LCT comentada, La Ley, 2007, págs. 363 y ss.; y Vazquez Vialard, Tratado, Astrea 1984, T. 5 pag.371 ); sin embargo en el presente, y a la luz de los hechos verificados, no advierto razón que valide el incorrecto proceder de la demandada. Y esta afirmación entronca y se sostiene con el barrunto que sigue.
5) Finalmente sostengo que, aun obviando los argumentos anteriores, previo entrar a sopesar si la accionada había cumplido o no el procedimiento preventivo de crisis debió la sentenciante verificar el extremo más ostensible de la excusa exculpatoria alegada por Fumigar SRL. Hago referencia a que la Sra. Juez debió ponderar si se había acreditado en estos autos el cese de actividades de la empresa alegado.
Entiendo que esto es lógicamente previo a todas las consideraciones efectuadas en el fallo y que, examinadas las constancias de la causa, la respuesta al interrogante sobre el punto indica que este elemental recaudo no fue satisfecho por la accionada.
En otros términos: Fumigar SRL no demostró haber cesado su giro empresarial- comercial en mayo de 2015 como afirmó.
Así lo sostengo porque:
a) No obstante haber negado González tal extremo, al contestar la demanda Fumigar SRL poco y nada dijo sobre el punto.
Puede apreciarse que la trabajadora argumento in extenso contra la aseveración de que la empresa había cesado en su giro -a fs. 10-, indicando que la prestación de su débito laboral había sido continuo en beneficio de aquella, que la posesión de llave y alarma del local es prueba de ello, y que las registraciones fiscales y movimientos bancarios evidenciarían lo atinado de su postura.
Frente a ello -enfatizo- la accionada, incumpliendo ostensiblemente la carga de explicitación que sobre su posición pesaba (arg. art. 64 del CPL), absolutamente nada dijo respecto del “cese” alegado. Nada explicó acerca de si se había dado de “baja” como comerciante de los padrones municipal y provincial; nada dijo acerca del finiquito de los contratos de trabajo que mantuvo con el resto del personal (fechas, si fue por despido, tipo de indemnización abonada, etc.); y menos contestó acerca del movimiento bancario que la trabajadora le había enrostrado. Fumigar SRL se contentó con solo alegar que González “se limitó a tomar mate y a cumplir el horario pactado, y ello no habilita a presumir que la Empresa continuaba operando con normalidad que las tareas habían disminuido al mínimo” (fs. 26).
b) Ello no es todo. Si bien no es -técnicamente- lo adecuado, suele suceder que la evidencia que arroja la prueba ofrecida por el justiciable a quien se le endilga incumplimiento del onus explanandi de alguna manera subsana su déficit expositivo; empero en el presente ello nunca pudo ocurrir porque ninguna prueba ofreció Fumigar SRL tendiente a demostrar el alegado cese.
No pidió informativa al Municipio de Gualeguay, ni a ATER o AFIP; y si bien ofreció prueba contable, al perito contador propuesto nada le requirió sobre el punto (véase ofrecimiento de fs. 12).
c) Finalmente, y frente a tal desidia, ninguna valoración positiva se obtiene de la testifical colectada porque deviene aplicable aquí el principio de originalidad o tipicidad de la prueba. Según este resulta inadmisible que el medio probatorio idóneo, que la naturaleza de los hechos a verificar reclama, sea sustituido válidamente por otro (cfr. Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, Zavalía Editor, 1972, T. I pag. 130), lo cual significa, trasladado a nuestro caso, que aquella negligencia señalada no puede ser subsanada mediante la prueba testimonial.
Colombo llama a este principio “de tipicidad de la prueba” (Colombo, Carlos J., CPCCN, anotado y comentado, Abeledo Perrot, Bs., As. 1975, t I, pag. 618) y en su sentir implica que no resulta aceptable que en lugar de traer al juicio la fuente probatoria original e inmediata para acreditar los hechos aseverados (vgr. una documentación), se intente reconstruir los mismos a partir de una vía indirecta (como podría ser la prueba testifical, como ocurre este caso)
Sin perjuicio de lo expuesto, los testigos que depusieron en autos lejos están de ser asertivos y suficientes para despejar el punto. Nótese que el socio Sr. Javier Solari (fs. 143) y el Sr. Adalberto Borro (fs.146) ninguna referencia al cese de actividades efectúan. Mientras que el Sr. Raúl Rauch sí lo menciona pero en forma vaga y sin concordar con lo alegado en el promocional. Así, a fs. 145 vta. señala que Fumigar SRL “….desde el 2014 hasta hace un tiempo, porque hace un tiempo que no opera más….” (fs. 145 vta.), empero tal modo de expresión hace pensar que bien pudo existir un paro en el giro empresarial, no parece que el mismo pueda ser catalogado como definitivo. El hecho de que la S.R.L. esté vigente, como surge de la testimonial de Solari, hace pensar en este sentido.
Finalmente, la evidencia que arroja el informe del Banco de la Nación que obra a fs. 106 respecto de la cuenta corriente de Fumigar SRL demuestra exactamente lo contrario a lo aseverado en el promocional atento surgir de los extractos de fs. 83/92 que la misma mantuvo “movimientos” que incluyen ingreso de dinero y el dato es otro elemento que coadyuva a desmontar el relato con el cual la accionada pretendió justificar el despido de González.
6) Resta, para finalizar esta motivación, decir dos palabras sobre la protesta que vierte la recurrente en relación a la condena que la Juez le impuso con base en lo normado en el 3er. párrafo del art. 80 de la LCT.
La Dra. Terraza juzgó que Fumigar SRL, que recibió la intimación de González para que se le entregara la certificación de servicios en fecha 17-3-2016 (Tcl de fs. 3 del legajo documental de la demandada) incumplió su deber al respecto y solo hizo entrega de aquella documental una vez iniciado este juicio, es decir más de siete meses después de haber sido intimada (fs. 180 vta.).
La apelante se queja, respecto del tópico, alegando que la Sra. Juez de grado imputó mora a la empleadora sin ponderar “….las paginas extraídas del sistema de ANSES, de las que surge con claridad meridiana que dicha página no estuvo habilitada….” para la expedición de la certificación. (fs. 198).
Este agravio también debe ser rechazado, principalmente porqué las páginas supuestamente extraídas del sistema de ANSES a que hace referencia la accionada -que lucen a fs. 40/42 de su legajo documental- fueron desconocidas en su autenticidad por la demandante (a fs. 32) y las mismas no fueron adveradas en su autenticidad. Siendo así la excusa exculpatoria ensayada se queda sin sustento y por esta sencilla pero contundente razón el agravio debe ser desestimado.
V.- En conclusión y por todo lo expuesto, a la cuestión propuesta respondo en forma positiva. Considero que es justa la sentencia apelada y debe ser confirmada. Propongo por ende rechazar el recurso de apelación deducido por Fumigar SRL, con costas.
Así voto.
A la misma cuestión el Vocal Vicente Martín Romero, dijo:
Que, por compartir sus fundamentos, adhiero a la solución propuesta por el Sr. Vocal preopinante.
Así voto.
A la cuestión propuesta el Vocal Alberto Adrián Welp, dijo:
Que existiendo mayoría, hace uso de la facultad de abstención autorizada por el art. 47 L.O.P.J. (texto según ley 9234).
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:
FABIAN ARTURO RONCONI
VICENTE MARTIN ROMERO
ALBERTO ADRIAN WELP
(abstención)
Ante mí:
JOAQUIN MARIA VENTURINO
Secretario
SENTENCIA:
Gualeguaychú, 4 de septiembre de 2018.
Y VISTO:
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede; por mayoría,
SE RESUELVE:
I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la demandada Fumigar S.R.L., en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia.
II.- IMPONER las costas a la apelante vencida.
III.- REGULAR los honorarios por la actuación ante esta Alzada al Dr. J. R. I. en la suma de pesos treinta y siete mil ochocientos cuarenta ($ 37.840 = 86 J) y a los Dres. J. M. B. y J. R. D. Z. en la suma de pesos trece mil doscientos ($ 13.200 = 30 J) a cada uno. Valor del Jurista $ 440. Las sumas reguladas con más el I.V.A. si correspondiere (conf. arts. 1, 2, 3, 5, 12, 14, 29, 31, 64 y concs. Ley 7046 y Ley 10377.)
REGISTRESE, notifíquese y oportunamente, bajen.
VICENTE MARTIN ROMERO
FABIAN ARTURO RONCONI
ALBERTO ADRIAN WELP
Ante mí:
JOAQUIN MARIA VENTURINO
Secretario
Correlaciones:
Ibáñez, Raúl Ernesto c/Cargill Sociedad Anónima s/ordinario – despido – Cám. Trab. Córdoba – Sala IX – 19/02/2014 – Cita digital IUSJU215212D
033737E
