En el marco de un proceso de extradición, se decide que la resolución que deniega la excarcelación de un imputado privado de la libertad no es apelable en los términos del art. 33 de la ley 24767, pues dicho artículo solo contempla como resolución apelable la sentencia que decide si la extradición es o no procedente. Sin embargo, toda vez que la voluntad recursiva del requerido no contó con la debida asistencia letrada, se habilita los plazos pertinentes con el fin de que la parte pueda ejercer sus derechos y agravios federales involucrados mediante el recurso correspondiente ante el tribunal intermedio.
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