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JURISPRUDENCIALey aplicable. Ley provincial. Honorarios profesionales. Derechos adquiridos. Irretroactividad de la ley
En relación con los honorarios profesionales, se resuelve aplicar el Decreto-ley 8.904/77 a todos los trabajos profesionales realizados con anterioridad al 21/10/2017, aplicándose la Ley 14.967 a las consecuencias y trabajos posteriores a esa fecha (art. 7, C.C.C.).
En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Noviembre de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores JORGE LUIS ZUNINO y MARIA IRUPE SOLANS, en los términos del art. 36 de la ley 5827 para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: «MARCHESOTTI HERNAN ALDO Y OTRO/A C/ DOTO GRACIA Y OTRO/A S/EJECUCION HIPOTECARIA» causa nº SI-13455-2013; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Zunino y Solans, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
CUESTIONES
1º ¿Corresponde aplicar el Decreto-Ley 8904 respecto de los recursos interpuestos a fs. 326 y a fs. 328 por los honorarios regulados a fs. 325?.
2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
VOTACION
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Zunino, dijo:
I.- Vienen a ésta Alzada las presentes actuaciones con motivo de la apelación deducida a fs. 326 y a fs. 328, respecto de la regulaciòn practicada por el a-quo a fs. 325.
Se agravia el Dr. M. A. P. B. ya que los considera bajos los honorarios que le fueran regulados, ello por derecho propio. Y, asimismo como apoderado de la parte actora a la que representa los apela por altos.
II.- En primer lugar corresponde analizar la aplicación o no de la nueva ley Nº14.967 a la regulación cuestionada.
Al respecto cabe mencionar que la C.S.J.N. en su oportunidad, y con motivo de la sanción de la ley 24.432 que vino a reemplazar a la anterior 21.839 resolvió que: «No resultan aplicables, sin afectar derechos amparados por garantías constitucionales, las modificaciones introducidas por la nueva ley a los trabajos realizados por los distintos profesionales intervinientes los que fueron llevados a cabo íntegramente con anterioridad a la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones legales». Así como que «..es necesario en cada caso indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que ésta circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable. En el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Es a partir de ahí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la C.N.» (Fallos 306:1799).
En el mismo sentido el cimero Tribunal Nacional expresó: «Que de resultas de éstos principios debe concluirse que no deben aplicarse las nuevas disposiciones legales con relación a los trabajos profesionales realizados con anterioridad a su vigencia pues ello traería aparejada una afectación de derechos adquiridos que integran el patrimonio de los intervinientes…» (CSJN, F:479 XXI ORIGINARIO «Francisco Costa e hijos Agropecuaria c/ Provincia de Bs.As. s/ Daños y Perjuicios del 12/09/1996). Posteriormente, con fecha mayo 16 de 2000 la C.S.J.N. en autos: «Donadías de Grillo, Alejandra c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires» concluyó que la crítica vinculada con el hecho de haberse realizado una aplicación rígida de los porcentajes de la ley 21.839 y haberse omitido juzgar según las directivas contenidas en la ley 24.432 deben ser rechazadas por ser formuladas en términos genéricos que impiden advertir cuál es el menoscabo patrimonial, aparte de que los trabajos profesionales fueron realizados con anterioridad a la entrada en vigencia de la última norma citada, motivo por el cual no puede ser aplicada sin afectar derechos amparados por garantías constitucionales (Fallos 319:1915; 320:2157; 321:330 y 1757)».
III.- Por otra parte, y siguiendo ésta línea argumental, no puede soslayarse que mediante el Decreto publicado en el B.O. del jueves 12 de octubre de 2017, el P.E. provincial, en ocasión de la promulgación de la nueva ley de honorarios observó el art. 61 que había sido sancionado por el Congreso provincial expresando en su exposición de motivos que: «..el artículo citado puede afectar derechos adquiridos, debido a que los honorarios de los profesionales se devengan por etapas, por lo que disponer la aplicación retroactiva de la norma podría vulnerar dichos derechos;… y que corresponde establecer pautas claras y uniformes, para evitar colocar a los ciudadanos en una situación de inseguridad jurídica; que lo prescripto implicaría una aplicación retroactiva de la norma pretendiendo regir etapas concluidas durante la vigencia de una norma, por una ley sancionada con posterioridad a su cierre, situación prohibida constitucionalmente…».
IV.- En virtud de todo lo expuesto considero que corresponde aplicar el Decreto-ley 8.904/77 a todos los trabajos profesionales realizados con anterioridad al 21/10/2017, aplicándose la Ley 14.967 a las consecuencias y trabajos posteriores a esa fecha (art. 7 C.C.C.).
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Juez doctora Solans por las mismas consideraciones, votó también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Zunino, dijo:
I.- Se agravia el Dr. M. A. P. B. ya que los considera bajos los honorarios que le fueran regulados, ello por derecho propio. Y, asimismo como apoderado de la parte actora a la que representa los apela por altos.
II.- Monto de la regulación. Por ello y en atención al monto de las presentes actuaciones, al mérito, actividad jurídica de la defensa de los derechos e intereses de sus clientes, la extensión y eficacia de la labor desarrollada por el profesional y dado que las tareas se desarrollaron íntegramente durante la vigencia de la ley 8904/77, se regulan los honorarios del Dr. M. A. P. B. (T. 24, F. 346), letrado apoderado de la parte actora, por el trámite hasta la Sentencia dictada a fs. 94/95, en la suma de pesos TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE ($ 39.320.-), confirmándose los regulados a fs.325; y por el trámite de cumplimiento de la sentencia de trance y remate, en la suma de pesos TRECE MIL CIENTO DIEZ ($ 13.110.-) ambos montos por resultar adecuados (arts. 2, 16, 21, 28, 34, 41 y ccs. del Decreto Ley 8904/77; art. 7 C.C.C.).
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión, la señora Juez doctora Solans por los mismos fundamentos, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
SENTENCIA
Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo:
I.- Se declara la aplicación al presente caso del Decreto-Ley 8904/77.
II.- Por ello y en atención al monto de las presentes actuaciones, al mérito, actividad jurídica de la defensa de los derechos e intereses de sus clientes, la extensión y eficacia de la labor desarrollada por el profesional y dado que las tareas se desarrollaron íntegramente durante la vigencia de la ley 8904/77, se regulan los honorarios del Dr. M. A. P. B. (T. 24, F. 346), letrado apoderado de la parte actora, por el trámite hasta la Sentencia dictada a fs. 94/95, en la suma de pesos TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE ($ 39.320.-), confirmándose los regulados a fs.325; y por el trámite de cumplimiento de la sentencia de trance y remate, en la suma de pesos TRECE MIL CIENTO DIEZ ($ 13.110.-) por ser adecuados (arts. 2, 16, 21, 28, 34, 41 y ccs. del Decreto Ley 8904/77; art. 7 C.C.C.).
III.- Regístrese y devuélvase.
Jorge Luis Zunino
Juez
María Irupé Solans
Juez
Guillermo Daniel Ottaviano
Secretario
Morcillo, Hugo Héctor c/Provincia de Bs. As. s/inconst. decr.- ley 9020 – Sup. Corte Just. Bs. As. – 08/11/2017 – Cita digital: IUSJU021606E
022989E
