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JURISPRUDENCIARegulación de honorarios. Síndico
Se confirma la resolución que desestimó el pedido de regulación de honorarios del exsíndico de la sociedad demandada, puesto que no utilizó para tal fin los procedimientos legales intrasocietarios adecuados para lograrlo, ya sea mediante la impugnación de la decisión asamblearia que los determine o, en caso de inexistencia, la acción autónoma pertinente.
Buenos Aires, 23 de abril de 2015.
Y Vistos:
1. Apeló el Sr. Leonel Luksenberg Eliosoff, en su actual carácter de ex síndico de la sociedad “B. Arzoumanian y Cía. SA” la decisión adoptada a fs. 1970 mediante la cual el Sr. Juez de Grado desestimó el nuevo pedido de regulación de honorarios que formulara en los términos del escrito de fs. 1968/1969.
El memorial de agravios se encuentra glosado a fs. 1992/1994.
2. Oportunamente y dentro del trámite incidental caratulado “Fundación Seranouch y Boghos Arzoumanian c/B.Arzoumanian y Cía. SA s/Medidas Cautelares s/Incidente de Apelación (art. 250 CPCC)”, esta Sala desestimó igual pretensión, más se hizo teniendo en cuenta las particularidades que se presentaban en aquella oportunidad; aunque sin desconocer, claro está, el carácter alimentario de los honorarios.
En el actual estadio, si bien se han modificado las circunstancias a analizar toda vez que conforme dan cuenta las piezas procesales adjuntas a este expediente, la sociedad ha sido regularizada conforme surge del acta de Asamblea agregada a fs. 1925/1926, igualmente no cabe acceder a la pretensión tal como ha sido articulada.
En efecto: este trámite precautorio se inició como consecuencia de un pedido de intervención judicial, siendo designados los interventores que a la fecha han concluido su actuación conforme surge del informe de fs. 1934/1940 y decisión de fs. 1941 que aprueba la gestión llevada a cabo por aquellos.
3. A partir de allí y so pretexto de considerar superados los escollos que determinaron aquella primigenia negativa, insiste en su petición; a tal fin acompañó carta documento que dirigiera a la sociedad y que fuera contestada por los administradores (fs. 1966/1967). Alude además a la normalización del ente y a que ha sido ratificada la constitución del órgano de fiscalización a través de la designación de un síndico titular y uno suplente.
Es del caso recordar que el recurrente fue designado dentro del particular contexto en que se desenvolvía la sociedad, tal como surge de la copia del testimonio glosado a fs. 1585/1586. Es que antes de llevarse a cabo la Asamblea General Extraordinaria del 19 de febrero de 2010, el ente jurídico carecía de esa figura de fiscalización. En ese acto se modificó el estatuto con la presencia de un solo socio representante de un 2% del capital social.
Sin embargo no se determinó como se fijarían los honorarios de la persona designada como síndico. Tampoco se hace en el acta de “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria” del 20 de agosto de 2014 y que obra agregada a fs. 1925/1926, no obstante la ratificación en la constitución de ese órgano de contralor.
4. La Ley de Sociedades en su artículo 292 establece que la función del síndico es remunerada. Sin embargo dispone que si no estuviera determinada por el estatuto, lo será por la Asamblea.
La simple lectura de la norma da la pauta a seguir. En el caso que nos ocupa, estatutariamente no ha sido establecido ni el monto ni el modo de esa remuneración. Consecuentemente deberá serlo mediante una reunión de socios.
La cuestión ha ofrecido dificultades en la jurisprudencia en cuanto a la vía judicial apropiada para el caso de que se hubiere omitido fijar los honorarios o le haya sido asignada una remuneración que se considere insuficiente. Entendemos, que puede ser tanto a través de una acción judicial promovida por el síndico ante una decisión asamblearia que decidiera no remunerarlo o hacerlo en forma insuficiente o bien como una acción autónoma destinada a la fijación de los honorarios ante la ausencia de acuerdo asambleario sobre la remuneración del mismo (Nissen, “Ley de Sociedades Comerciales”, Editorial Abaco, T° 5, 2ª. Edición, pág. 73).
Sea como fuere, no es este el ámbito ni el modo en que corresponde accionar.
En este contexto, es que el ex síndico deberá arbitrar los medios intrasocietarios para que se proceda a la fijación de los honorarios que le pudieren eventualmente corresponder. Véase que la carta documento que remitiera no resulta suficiente para tener por satisfecho el requerimiento o agotada aquella vía toda vez que fue remitida el 16 de junio de 2014, es decir con fecha anterior a la de normalización de la sociedad que ocurrió el 20 de agosto de 2014. Tan es así que fue dirigida a los administradores que bien sostuvieron que dado el marco precautorio de este expediente y la naturaleza de la actividad encomendada, debían desestimar el pedido.
Por último es de mencionar que tal postura es en cierta forma receptada por el peticionante quien en su memorial alude a que se corra traslado del pedido al nuevo directorio de la sociedad. Sin lugar a dudas no es el procedimiento que corresponde seguir por las razones ya señaladas.
5. En razón de lo expuesto se resuelve: desestimar el recurso de apelación y confirmar el decisorio atacado.
Notifíquese y devuélvase a la instancia de grado. Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de la Nación (cfr. Ley n° 26.865, art. 4 A c. n°15/13 y Ac. n°24/13).
Alejandra N. Tevez
Juan Manuel Ojea Quintana
Rafael F. Barreiro
Silvina M. D. Vanoli
Prosecretaria de Cámara
Torres de Arditi Rocha, Domitila s/concurso – Cám. Nac. Civ. En Pleno – 05/07/1940.
002823E
