En el marco de un juicio por daños y perjuicios, se resuelve regular los honorarios teniendo en cuenta el objeto de las actuaciones y el interés económicamente comprometido resultante del capital reconocido en la sentencia con más sus intereses, así como la naturaleza del proceso y su resultado, etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión, considerando además lo dispuesto por los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 19, 37, 38 y concs. de la ley 21.839 -t.o. ley 24.432-.
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