En atención al carácter restrictivo del instituto de la caducidad de instancia, el Tribunal entiende que si se intima a pagar la tasa de justicia en el plazo de cinco días a quien solicitó que se dicte sentencia, y este no la obló, resulta improcedente declarar posteriormente la caducidad de instancia; ello, por cuanto la falta de pago de la gabela no debe impedir la prosecución del trámite normal del juicio.
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