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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido con justa causa. Injuria grave. Violencia de género
Se rechaza la demanda por despido interpuesta por el trabajador, habida cuenta de que ejercer violencia física sobre una mujer configura una injuria gravísima que justifica la ruptura del contrato de trabajo.
VISTO Y CONSIDERANDO:
En la Ciudad de Buenos Aires, el 24 de febrero de 2016, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
La Dra. Graciela A. González dijo:
Contra la sentencia dictada en Primera Instancia a fs. 229/232 y que rechazara la demanda incoada, apela la parte actora a tenor del memorial que luce a fs. 233/239, cuya réplica consta a fs. 242/252.
Se agravia la accionante por cuanto la juez de grado anterior rechazó la demanda impetrada considerando acreditada la causal del despido directo dispuesto por el empleador. Para así decir, sostiene que la valoración de las pruebas testimoniales aportadas fue errónea puesto que -según su criterio-, ningún deponente “vio” el hecho”.
Preliminarmente se debe dejar asentado que no existe controversia en autos en cuanto a que la ruptura de la relación laboral se consumó por medio del despido directo con causa dispuesto por la accionada con fecha 28/11/2012 mediante carta documento …, recepcionada por la contraparte en fecha 29/11/2013 (conf. informe Correo Oficial, fs. 138).
Corresponde por ende, analizar la causal alegada en Virtud de la cual fue decidida la denuncia del contrato de trabajo. La misiva CD … de fecha de imposición el día 28/11/2012 (ver fs. 3-I-) expedida por la accionada reza de la siguiente manera: “En mi carácter de presidente de Cookery S.A. se le comunica que, toda vez que su proceder dentro de la estricta órbita del derecho laboral constituye una gravísima injuria laboral con extrema pérdida de confianza y peligrosidad para terceros que tornan insostenible el vínculo contractual, se lo despide a partir del día de la fecha en los términos del artículo 242 L.C.T., poniendo a su disposición liquidación final y certificados artículo 80 LCT en tiempo real. En tal sentido en el día de la fecha siendo las 14:00 hs., Ud. fue citado a la oficina de Recursos Humanos para notificársele una sanción laboral producto de sus reiteradas oportunidades con frases tales como: “Se donde vive”, “a que hora viene a trabajar”, como así también “eructar de forma grosera y adrede para ser notado” y otros compartimientos díscolos incompatibles con su tarea encomendada, que al momento de ser sancionado fueron por Ud. consentidos y realizados además en presencia de testigos que dan fe de las inconducta que le fueran oportunamente notificadas. No obstante ello, en el mismo momento en que la oficial de Recursos Humanos Srt. S.P., el Sr. N.P. y su superior encargada de planta Sra. C.G. le comunicaran la sanción antedicha, Ud. de forma intempestiva tomó a golpes de puño a la Sra. C.G. produciéndole lesiones en su rostro y cuerpo. Hechos repudiables en todo sentido e inadmisibles para cualquier relación laboral, que además por su gravedad ameritaron la intervención de la Policía Federal para hacer cesar el escándalo por Ud. efectuado. En tal sentido le comunicamos que nuestra empresa nunca avalará un hecho de violencia en circunstancias del trabajo y máxime cuando se trata de violencia de género como la que Ud. ha ejercido sobre la Sra. C.G. que además motivará la actuaciones de la Justicia Penal por parte de la damnificada como así también la intervención de otros organismos en contra de la violencia de género.
Queda Ud. debida y legalmente notificado. C. S.A. R.B.8. 97/12”
Es pertinente señalar que pacífica doctrina y jurisprudencia han sostenido que la notificación última y configurativa del despido (conf. art. 243 LCT) y la causal alegada resultan decisivos a los fines de la dilucidación de la procedencia del despido. Ante ello, se obliga legalmente al juzgador a ceñirse estrictamente al texto de la comunicación del despido.
A este respecto, señalaré que considero que la comunicación del distracto efectuada cumple formalmente con todos los elementos previstos por el art. 243 LCT. Esto es así puesto que el demandado practicó el requisito de advertencia previa al actor, haciéndole saber de la gravedad de sus acciones anteriores mediante las sanciones de suspensión impuestas con anterioridad y recién posteriormente, y ante el reiterado episodio de mayor magnitud, -hecho de violencia física contra una mujer de superior jerarquía laboral-, procedió a despedirlo por considerarlo una injuria extremadamente grave y peligrosa para justificar la denuncia del contrato de trabajo que los unía.
De la redacción del texto, surge que el despido decidido por el empleador se fundó en una falta gravísima, diferente a las efectuadas con anterioridad, denunciando el hecho nuevo y posterior a las causales de las suspensiones antepuestas. Asimismo, cabe concluir que observó proporcionalidad entre la falta y la sanción última del despido, puesto que el acto de agresividad física y faltas de respeto que supuestamente habría efectuado el actor se tradujeron en una injuria de gravedad tal para sustentar el despido causado. De igual manera, mantuvo el requisito de contemporaneidad u oportunidad, puesto que la reacción de la parte supuestamente afectada por la injuria y el momento de su producción existió en una proximidad temporal adecuada.
Por último, cometidos por el actor- fueron claramente comunicados por escrito de manera fehaciente -circunstancia no controvertida en autos-, con la expresión suficiente del detalle de los hechos, del momento y los sujetos involucrados no infringiendo de manera alguna la defensa del demandante.
Por todo lo antedicho, considero que formalmente el comunicado del distracto se efectuó conforme los requisitos previstos por el art. 243 LCT.
Analizados de manera formal los recaudos legales exigidos ante la denuncia del contrato de trabajo, seguidamente cabe merituar la prueba aportada en autos para verificar la existencia de la causal invocada por la accionada en su escrito extintor a la luz de la prueba acompañada y así determinar si las partes adecuaron su conducta a lo normado por el art. 377 del C.P.C.C.N.
En tal marco, cabe señalar que correspondía a la parte demandada acreditar los hechos causales de la extinción del contrato de trabajo tal como lo detallara en su comunicación. De las testimoniales aportadas surgen coincidentemente que la conducta del actor no se correspondía con las obligaciones enunciadas en el CAPITULO VII de la Ley de Contrato de Trabajo, así como tampoco con el trato de corrección y cuidado que se debe mantener en cualquier ámbito y, sobre todo, ante cualquier persona. Así como también surge que dichas conductas fueron sancionadas y apercibidas, haciéndosele saber la magnitud de los hechos disvaliosos y que los mismos contrariaban la conducta debida y prevista tanto por la normativa legal como las de la propia empresa.
Ello aparece revelado en la declaración del testigo F., A. M. (fs. 156/158), -quien conoce al actor por ser el director y apoderado de la empresa empleadora-, cuando dice “que el actor había tenido problemas de conductas varias veces” y que la jefa “había observado particularmente que el actor la trataba mal en el sentido que la insultaba y le eructaba”.
De igual manera, la prueba instrumental aportada por la accionada -y que fuera reconocida a fs. 30vta. por su contraria oportunamente-, surgen cuatro sanciones anteriores (de fechas 06/01/2012, 24/04/2012, 27/09/2012 y 27/11/2012) junto con sus respectivas explicaciones por parte del trabajador de los hechos que las generaron, todas ellas producidas durante el desarrollo del mismo año del hecho generador de la extinción de la relación laboral. (ver documental original en sobre de fs. 16)
De esta manera quedó acreditado el requisito formal de advertencias previas a la última causal extintora de la relación laboral.
Resta entonces efectuar el análisis del hecho último generador de la desvinculación del trabajador que habilitara a la empleadora a un despido directo con justa causa. En su misiva de despido, la empleadora denunció la toma a golpes de puño a la Sra. C.G. por parte del actor, que le produjeron lesiones en su rostro y cuerpo, circunstancia ésta que, adelanto, quedó debidamente acreditada en la causa.
De las declaraciones de los deponentes F. (fs. 156/158), y P. (fs. 171/172), testigos oculares del hecho que se le imputa al actor, así como del relato del testigo O. (fs. 211/212), resulta corroborada la existencia del hecho de violencia física propinado por parte del actor hacia su compañera y jefa, la Sra. C.G..
En efecto, el testigo P., M. N. (fs. 171/172), quien juró haber estado presente en el momento en que el actor agredió físicamente a la Sra. C.G., relató que el hecho sucedió en la oficina que en ese momento utilizaba la administrativa de recursos humanos de la empresa. Afirmó que la Srta. S. P. los citó al actor, a C.G. y al testigo mismo a una reunión.
Continúo relatando que el actor agredió físicamente a C,, que le pegó en la cara. Que vio cómo C, trastabilla, se cae arriba de los escritorios y se agarra la cara. Y que luego del acto de agresión el testigo se quedó en la oficina y que C. fue a la oficina del gerente donde, luego, llamaron a la policía.
Concordante testimonio aporta el testigo F.A.M,. (fs. 156/158), quien relata que en el marco de una reunión con el actor en donde se le iba a notificar de una sanción por una de sus inconductas, “el desenlace de la reunión terminó abruptamente porque el actor le pagó golpes de puño a la jefa de planta que era C.G., la chica se cayó al suelo y golpeó contra la pared”, y que “ante los ruidos y los gritos fuimos hasta la oficina para ver lo que había pasado”, y C. estaba desmayada. “Que en el área de administración hay un área común donde hay diferentes bock, puestos de trabajo, y cuando escuchamos todos esos ruidos, golpes, toda la gente que estaba en la administración se acercó a ver lo que pasó, y en el momento que nos dimos cuenta lo separamos a C., se lo sacó de la oficina y se lo dejó en un puesto de trabajo”. Continúa relatando que “Que en ese momento C. estaba con insultos hacia la persona, hacia C.G., en ese momento bajó el presidente de la empresa, porque está en el primer piso y escuchó todos los ruidos, bajó y cuando vio toda esa situación, me solicitó que llame a la policía. Que yo hice el llamado y al ratito se acercó la policía a la empresa. Sumado a ello relata que “Que en ese interín C. amenazó a viva voz si se hacía la denuncia después él, hizo amenaza de muerte a C. y al presidente también”. Y que eso se lo dijo al testigo mismo a viva voz. Agrega el testigo que le dijo a C. que se calmara y que por qué le había pegado a una mujer, si le parecía bien pegarle a una mujer aprovechando de la fuerza como hombre respecto a C., “y a lo que él contestó que se merecía que lo volvería a hacer, le dijo adjetivos descalificativos como que ella no era una mujer por eso le pegaba, entre otras barbaridades”. Luego continúa relatando que cuando llega la policía, al explicarle la situación, el policía lo encerró a C. en la oficina del testigo y que mantuvieron una charla. Dice que atendieron a C. “que estaba con la cara hinchada de los golpes y con dolores varios en el cuerpo por la caída, estaba en una crisis de nervios, llorando (…)”. amenazas del actor el oficial le dijo que no se quede en las inmediaciones.” Seguidamente a ello, el testigo relata que llevó en su auto a C. a su casa donde estaban sus familiares, y que la empresa le había otorgado licencia hasta que todo estuviera normalizado además de pagarle los remises porque C. tenía mucho miedo que C.B. apareciera para pegarle o hacerle lo que había dicho. Manifiesta que a raíz de todo ello se efectuó el despido con causa del C.B.. Aclara que cree recordar que el apellido del oficial policial interviniente en esa situación era “O.”.
Por su parte, el testigo OO.A. (fs. 211/212), oficial policial quien dijo que al momento del hecho en análisis prestaba servicio en la comisaría 41 a cargo del móvil 241, jurisdicción a la que pertenece la demandada en estos autos, afirmó que en su recorrido por el ámbito jurisdiccional, fueron llamados para asistir a la fábrica de alimentos. Que llegado al lugar, se le informó que un dependiente había agredido a un “femenino”, que habló con actor, recuerda que estaba vestido de blanco, “un poco exaltado, un poco nervioso, y por otro lado había una chica que estaba llorando, que no recuerda los nombres” pero que podía decir los hechos. Que la chica estaba también “exaltada y muy nerviosa, agarrándose la cara con una de las manos”. Relata que cuando le preguntó al actor si era verdad que le había pegado, él le dijo que “sí”, que “como no se pudo contener cuando le notificaron que lo despedían, de bronca le pegó a la chica”. Continúa detallando que al ser un delito de instancia privada, cuando le preguntó a la chica si lo iba a denunciar, ella le respondió “que por temor no lo iba a denunciar”. Mencionó a su vez, que en ese momento le tomó los datos al actor y los pasó por “frecuencia nacional”, para saber si estaba prófugo de la justicia o si poseía algún impedimento legal, todo lo cual dio como resultado negativo. Que incluso está todo grabado en la frecuencia nacional de la policía federal, con nombre, apellido y número de documento. Describió también físicamente al actor, que si lo veía lo reconocía aunque no recordaba su nombre completo, que sólo podía decir que tenía un nombre bíblico como el suyo, D.
Estas declaraciones producidas, corroboran los hechos reseñados en la demanda respecto a la existencia de la injuria gravísima producida por el demandante que generara la denuncia del contrato por parte de su empleador con justa causa. A su vez, las deposiciones se observan coincidentes y concordantes en su totalidad. Asimismo, se aprecian claras y precisas, mostrando suficiente razón de sus dichos, además de poseer conocimiento directo del hecho sobre el cual deponen. En tal inteligencia, les otorgo plena eficacia convictiva a los mencionados testimonios dando por cierto la existencia y configuración de la injuria generadora de la extinción del contrato de trabajo (conf. art. 386 CPCCN y art. 90 y 155 Ley 18.345).
Respecto a las testimoniales de S, (fs. 159/160), y P, B, (fs. 174/175), toda vez que los declarantes sostuvieron haberse desvinculado con anterioridad a la fecha de producción del suceso injurioso, además de no tener conocimiento del mismo, las mismas se tornan inhábiles para acreditar la cuestión fundamental de la litis.
En cuanto a las impugnaciones de la parte actora formuladas a fs. 178, 179 y 215, las mismas resultan inatendibles y no logran conmover la conclusión a la que se arriba, por lo que doy plena fe a las testimoniales concordantes y coherentes en sus expresiones aportadas por la parte demandada. (conf. art. 386 del CPCCN) .
Sumado a las acreditaciones del hecho que de la prueba testimonial surge, consta en la causa el informe de accidente de trabajo de la aseguradora de riesgos del trabajo INTERACCIÓN S.A. en donde se constata la agresión a la Srta. C. por parte de un subordinado de la empresa consignado por la denunciante S. P., dependiente de la empresa demandada.
Asimismo, da cuenta del trauma de cabeza del “parte médico”, la medicación recetada, junto con el alta médica el día 10/12/2012. (ver documentación en sobre de fs. 16)
Coincido entonces con la apreciación efectuada por la Sra. Juez a quo cuando concluye que de las pruebas reseñas existe suficiente evidencia de que el actor incurrió en la conducta descripta en la carta documento extintiva y que en definitiva, asumió una conducta contraria a los deberes que imponen los arts. 62 y 63 de la L.C.T. que generó un menoscabo intolerable en el esquema disciplinario que rige en cualquier organización y que se erigió en una valla insuperable para el mantenimiento del vínculo laboral. En consecuencia, cabe concluir que se encuentra acreditada la razón configurativa de la causal objetiva de pérdida de confianza que justifica la decisión resolutoria.
De esta manera, considero acreditado por parte de la demandada la injuria invocada como causal de extinción del vínculo denunciado, toda vez que las pruebas aportadas en la causa son suficientes para tener por demostrado el incumplimiento justificativo del distracto. En conclusión, cabe dejar sentado que la ruptura del vínculo laboral adoptada por la demandada a la luz de lo normado por el art. 242 y 243 de la L.C.T. resultó suficientemente justificada.
En consecuencia, propicio confirmar lo resuelto por la Sra. Juez de anterior grado en cuanto rechazó la demanda incoada.
En lo concerniente a las diferencias salariales por categoría, la parte actora sostiene que su desempeño lo era como “cocinero” y no como “ayudante de cocina” tal como surge de los registros del empleador.
El CCT 401/05 denunciado por el accionante a fs. 6, que rige la actividad de la demandada, establece en su art. 10 que “COCINERO: Es el responsable de la elaboración y cocimiento de las comidas a las reglas propias del arte culinario. Ordena y distribuye las tareas de su sector, supervisando el proceso de pelado de frutas y verduras, su lavado y procesamiento, higiene y prolijamiento de carnes, etc., y despacho de las comidas luego de su cocimiento. Conforme a la elección de la empleadora en el caso de más de un candidato, reemplaza al Jefe de Cocina en ausencia de éste”. En cambio, el “AYUDANTE DE COCINA: Colabora con las tareas de elaboración de comidas, realizando la preparación de víveres en crudo que intervienen en las mismas como ser selección y picado de hortalizas y frutas, rebozos, batidos y picados, purés, acondicionamiento de las preparaciones en recipientes de cocción, todo previo al cocimiento y siguiendo las instrucciones del Cocinero. Le corresponde también la colocación y extracción de las comidas en bocas de fuego y hornos en las oportunidades que el Cocinero le indique.”
Definidas las categorías en discusión, cabe señalar que correspondía al actor aportar la prueba a fin de mostrar que sus tareas se enmarcaban dentro de la categoría que denuncia de “cocinero” (conf. art. 377 del C.P.C.N.). Sin embargo, de las pruebas testimoniales que hacen referencia a las tareas del actor, surge que las mismas se identifican con las de la categoría de “ayudante de cocina” y no de “cocinero” como pretende.
Ello así, puesto que de los testimonios de P. (fs. 171/173), quien afirmó ser el jefe de cocina, surge que el actor “era ayudante de cocina”, y que el mismo preparaba milanesas, cubeteaba carne para estofado, picaba carne para salsas, entre otras cosas. Asimismo manifiesta que los cocineros eran A.R. y S.L.. Y que las órdenes al accionante se las daban estos cocineros, C. o el testigo mismo. Como razón de sus dichos declara que lo sabe porque él mismo era el jefe de cocina.
A su vez, del testimonio de S. (fs. 159/160) surge que éste le ayudaba al actor a deshuesar pollos, cortar las carnes y hacer milanesas. Todas estas tareas típicas de un “ayudante de cocina”.
La testigo P.B. (fs. 174/175) no aporta datos concretos sobre las tareas que desarrollaba el actor sin exponer razones suficientes de su contacto continuo con el demandante toda vez que sólo iba a la cocina una vez al día para llevar uniformes, entregar recibos, o reclamar certificados médicos, tareas todas estas ajenas al propio desenvolvimiento de la cocina.
Sumado a ello, cabe destacar que de la prueba instrumental aportada por la demandada que surge fechada el 01/10/2012 – y que fuera reconocida a fs. 30vta. por su contraria oportunamente-, surge la aplicación de una sanción al actor por haberse retirado “de su puesto de trabajo dejándolo sucio y desordenado”.
Denuncia además la nota que “Dejó la mesada sucia, y una placa con desechos de morrón verde, los cuales estaba cortando para la elaboración de relleno de empanadas, y el piso del sector sucio y sin orden. Cuando es su responsabilidad y parte del trabajo asignado haber dejado la mesada limpia, tirado los desechos al tacho de basura, depositado la placa en el sector de lavado y barrido el piso del sector”. Esta sanción así como los dichos mismo sin brindar manifestación alguna en contra, al respecto. Es de notar que si bien en las restantes sanciones figuran explicaciones o pedido de ellas, y sin embargo, en esta sanción el accionante no brindó ninguna así como tampoco expresó discordancia con los hechos que se le estaban imputando pudiéndolo hacerlo tal como era la costumbre de la empresa en este aspecto. Esta documentación fue reconocida por el actor en su contestación del traslado, confirmando la grafía que se encontraba inserta en ella. Ello lleva a concluir que en parte de las tareas del accionante se encontraban las de la limpieza de la cocina, tareas incongruentes con la categoría de cocinero pretendida.
Conforme las pruebas rendidas en estos obrados corresponde entonces desestimar la pretensión en relación a las diferencias salariales por la categoría de “cocinero” solicitadas y confirmar el fallo de grado anterior al respecto.
En lo concerniente a la queja articulada en orden al resarcimiento previsto por el art. 80 de la LCT (conf. art. 45 Ley 25.345), si bien la norma mencionada prevé la obligación contractual del demandado de hacer entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero del señalado artículo, dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador, lo cierto es que dicha norma se encuentra reglamentada mediante el decreto 146/01 que impone el cumplimiento de los requisitos allí dispuestos. En este sentido, el art. 3º del dto. 146/01 dispone que el reclamante queda habilitado a la remisión del requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo invocado, si el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la LCT dentro de los TREINTA (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo.
En orden a ello, el accionante debió haber esperado el transcurso de los treinta días previstos por el decreto reglamentario mencionado para remitir el requerimiento fehaciente aludido, circunstancia ésta que no se cumplimentó toda vez que la intimación mediante misiva número cd … fue impuesta el día 30/11/2012, que fue recibida el 03/12/2012, (según informe al correo de fs. 122), es decir a cuatro días del despido efectuado (ver fs. 3 -I-, cd … de fecha 28/11/2013, recepcionada el 29/11/2012, conf. informe Correo Oficial, fs. 138).
Sin embargo, cabe resaltar que según el Acta de Cierre del SECLO que consta a fs. 5, el actor reclamó por “Art. 80 L.C.T.”, transcurridos los treinta días previstos por la norma en análisis.
Si bien reiteradamente he sostenido que la intimación prevista en el art. 80 de la LCT (cfr. dec. 146/01) no puede ser suplida por la iniciación de las actuaciones administrativas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria puesto que la demanda judicial (como su antecedente procesal, el trámite de mediación obligatoria) contiene el planteo de un estado de cosas pretérito y no constituye en sí misma una instancia más de las relaciones bilaterales contenidas en el contrato de trabajo o derivadas de él (conf. esta Sala en su anterior integración, sent. 53631 del 10/9/05, «Calderón Fernández José c/ South Convention Center S.A. s/ despido»), lo cierto es que los Dres. Pirolo y Maza han sustentado la postura contraria al decir que, el reclamo efectuado ante el SECLO en el que se incluyó la pretensión de entrega del certificado previsto en el art. 80 de la L.C.T. debe entenderse razonablemente constitutivo del requerimiento que prevé la norma citada (esta Sala in re: “Rivero Daniel Hernán C/ Chamorro Cuenca Mariano y otro S/Despido”, Expte. 11343/05, SD Nro. 94717 del 8/2/07).
En el sub lite, del acta obrante a fs. 5 surge que, entre los rubros reclamados ante el SECLO, se incluyó el rubro “art. 80 LCT”, norma que prevé la entrega del certificado de aportes y trabajo por lo que por razones de economía y celeridad procesal y toda vez que no tiene sentido práctico insistir sobre una opinión que no va a ser aceptada y, dejando a salvo mi opinión personal en contrario, se debe considerar cumplido el requisito formal para su procedencia.
Sin embargo, examinados los instrumentos en cuestión, se advierte que los mismos han sido confeccionados en debida forma. En efecto, de las copias acompañadas en el sobre de fs. 16, consta la totalidad de la información que resulta obligatoria de conformidad con el art. 80 de la L.C.T., es decir, a) la indicación del tiempo de prestación de los servicios (fecha de ingreso y egreso); b) naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional, etc.); c) la constancia de los sueldos percibidos; d) la constancia de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social; y e) la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación. Asimismo, se constata que la accionada entregó el formulario PS6.2, es decir, de la certificación de servicios y remuneraciones de la ANSES cuyos fines resultan previsionales.
Asimismo, se repara que la certificación bancaria que obra en la última página del certificado de servicios y remuneraciones se adecúa al plazo establecido por la norma. (ver documentación en sobre fs. 16)
A su vez, se observa que todos los instrumentos en cuestión fueron entregados al actor en su oportunidad. Ello así atento la constancia de recepción que surge de dicha documentación y que hubiera sido reconocida por la parte actora vencida. (ver fs. 30)
De esta manera, atento al resultado que se ha dejado propuesto en cuanto a la categoría laboral del accionante, y toda vez que los datos allí insertos concuerdan con lo aquí resuelto, habida cuenta que el instrumento glosado por la demandada reúne la totalidad de los recaudos previstos en la norma legal citada precedentemente, de conformidad con todo lo expuesto y en el estricto marco en que fueran expuestos los agravios, se propone confirmar el decisorio de grado, en cuanto rechaza la multa pretendida.
En virtud de las argumentaciones expuestas, corresponde confirmar la imposición de costas de primera instancia a cargo de la actora.
En relación a la apelación deducida por la representación letrada de la parte actora a fs. 233 en torno de la regulación de sus honorarios así como los de la representación letrada de la parte contraria y de la totalidad de los peritos intervinientes dispuesta en origen considero que, habida cuenta de las labores realizadas, el valor económico del pleito y las pautas arancelarias que emergen de los arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 de la ley 21.839, los honorarios regulados a su favor no lucen reducidos, y los fijados a favor de la contraria y del perito contador no resultan elevados, y propongo, por tanto, su confirmación.
De conformidad con el resultado propuesto postulo que las costas de esta Alzada se declaren a cargo de la parte actora (art. 68 CPCCN).
Con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia propongo regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 233/239, y de fs. 242/252 por sus trabajos en esta alzada en el …% para cada una, de las sumas que le corresponda percibir respectivamente por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.
Miguel Ángel Pirolo dijo: adhiero a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2a parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar la sentencia de grado en cuanto rechaza la demanda instaurada en todas sus partes; 2°) Confirmar la imposición de costas de primera instancia a cargo del actor; 3º) Confirmar la regulación de honorarios por sus trabajos en la primera instancia de la representación letrada de las partes actora y demandada así como los del perito contador interviniente; 4) Imponer las costas de esta Alzada a cargo del demandante vencido; 5º) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 233/239, y de fs. 242/252 por sus trabajos en esta alzada en el … por ciento (…%) para cada una de las respectivas sumas que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior; 5º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN No 15/2013, a
Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Miguel Ángel Pirolo
Juez de Cámara
Graciela A. González
Juez de Cámara
Ley 20744 – BO: 27/09/1974
“ODCF c/Obra Social del Personal de la Industria Metalúrgica s/despido” – Cám. Nac. Trab. – Sala V – 08/05/2014
006390E
