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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido con causa. Prueba. Injuria grave. Sanción disciplinaria. Principio de proporcionalidad
Se hace lugar a la demanda por despido arbitrario interpuesta por el actor, toda vez que la decisión de despedirlo fue desmedida e ilegítima a la luz de los hechos endilgados. Se destaca que se trató de una simple broma de oficina la cual, más allá de considerarla acreditada o no, de ninguna manera configura una injuria de entidad suficiente que amerite extinguir el vínculo dependiente (cfr. art. 242, LCT). Asimismo, se extendió la responsabilidad solidaria a la codemandada en los términos del art. 30 de la LCT.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2017, para dictar sentencia en estos autos: “PONCE LEONARDO ARIEL C/ DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden:
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:
I. Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda, se alzan las accionadas a tenor de los memoriales de agravios obrantes a fs. 409/410 (Distribuidora Metropolitana S.R.L.) y fs. 412/417 (BGH S.A.), los cuales obtuvieron oportuna réplica de la parte actora a fs. 430/431 y fs. 420/422, respectivamente.
II. Por razones de buen orden metodológico y en virtud de la índole de los agravios deducidos por las partes, comenzaré con el tratamiento del recurso interpuesto por Distribuidora Metropolitana SRL quien se queja, fundamentalmente, por la decisión de la Sra. Jueza “a quo” de haber considerado injustificado el despido directo del actor dispuesto por su parte.
Al respecto, afirma que existió un error en la apreciación de los hechos y en la aplicación de la ley y sostiene que hay prueba del hecho endilgado al trabajador lo cual sostiene causó una injuria de tal entidad a su parte, que hizo imposible la prosecución del vínculo.
Adelanto que, analizadas las constancias de la causa, en mi opinión, la queja intentada no puede tener favorable acogida.
En efecto, en primer lugar debo recordar que producido el despido directo, la carga de la prueba de la causa del mismo queda en cabeza del demandado y de no ser así cae la justificación de rescisión del vínculo más allá de la existencia o no de actividad probatoria del actor. Ello es así, en los términos del art. 377 del Código Procesal.-
Es función del jurista reconstruir el pasado para ver quién tiene razón en el presente y según se haya distribuido la carga de la prueba, será la actividad que deba desarrollar cada uno.-
Esa carga determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, sean conducentes a la dilucidación del litigio.-
En el caso que nos convoca, la demandada tuvo a su cargo la prueba de los extremos denunciados en su telegrama que rezaba: “…ud. fue despedido verbalmente y por su exclusiva culpa luego de que Ud injuriara gravemente a su superior Carlos Franco mediante la confección de un cartel que fue colocado a la vista del personal de Distribuidora Metropolitana SRL y del personal de nuestro cliente BGH en la planta de logística de éste último, en el que puede observarse una caricatura en la que insinúa claramente la manipulación fraudulenta de la mercadería de BGH por parte del Sr. Franco. En dicha caricatura se alude también de un modo injuriante a un compañero suyo llamado Oscar Marcelo Seco y apodado Logan. Este hecho fue confirmado por Ud mediante nota de fecha 9 de mayo de 2012, todo lo cual constituyó un comportamiento inaceptable, máxime cuando fue desplegado dentro del establecimiento de nuestro cliente BGH….” (ver TCL. del 22/5/2012, fs. 42). Sin embargo, al igual que la Sra. Jueza “a-quo”, entiendo que no lo ha logrado.-
El recurrente continúa sosteniendo en su memorial que se encuentra acreditada la participación del actor en la confección y entrega del panfleto a Villalba con el descargo del entonces dependiente que luce a fs. 59 y hace mérito de las declaraciones testimoniales de Pedranzini y de Giorgis para apoyar su tesis.
Sin embargo, no se hace cargo de los fundamentos esgrimidos por la Sra. Jueza “a quo” acerca de que en el citado descargo no surge reconocido que el actor haya confeccionado el cartel en cuestión, sino que simplemente reconoció haberlo imprimido alegando que los motivos dibujados eran para ambientar el lugar. Que además desconoció expresamente la finalidad del mismo y las inscripciones abajo detalladas con un cartel.
Tal como entendió la Sra. Jueza de grado, pareció que el hecho en cuestión sería una simple broma de oficina la cual, más allá de considerarla acreditada o no, de ninguna manera configura, en mi opinión, una injuria de entidad suficiente que amerite extinguir el vínculo dependiente (cfr. art. 242 LCT).
Cabe recordar que la evaluación de la injuria -tarea reservada a los Jueces teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad- debe realizarse, al igual que la culpa en el derecho civil, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, lugar y persona a la vez que “el hecho”, para constituir una justa causa del despido, debe revestir una gravedad de tal magnitud que pueda desplazar el principio de conservación del empleo (art. 10 de la L.C.T.).-
En el presente caso, tal como lo adelanté considero que la decisión de la demandada de despedir al Sr. Ponce por los supuestos hechos que se le endilgaron, resultó excesiva e ilegítima (art. 242 L.C.T.) por lo que propongo desestimar los agravios deducidos en el punto y confirmar la sentencia en cuanto hizo lugar a las indemnizaciones emergente del despido incausado (cfr. art. 232;233 y 245).
III. A continuación, abordaré el recurso deducido por BGH S.A. vinculado a la decisión de la Jueza “ a quo” de hacer extensiva la condena a su parte en forma solidaria en los términos del art. 30 LCT.
Sostiene en el punto que se encuentra acreditado en autos que el actor trabajaba para una empresa que realizaba tareas de logística para su parte y otros cientos de empresas, habiendo el actor trabajado con anterioridad para la otra co demandada en otros clientes o establecimientos.
Sin embargo, considero que el agravio intentado no puede prosperar en tanto, la recurrente no se hace cargo ni controvierte eficazmente los argumentos señalados por la sentenciante para decidir como lo hizo.
En efecto, el art. 30 de la L.C.T. expresamente establece: “…Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento…deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social…” (primera parte).-
Ahora bien, es de advertir que dicha norma, hace referencia a la actividad normal y específica propia del establecimiento. A su vez por establecimiento se entiende, según la propia ley, de la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de fines de la empresa, a través de una o más explotaciones. Es decir, se trata de una normal estructura empresaria que obtiene un beneficio por la tareas ajenas y que, según la ley manda, debe responder ante la insolvencia del contratista o subcontratista.-
Sobre esta cuestión ya me he expedido en numerosas oportunidades declarando la responsabilidad solidaria de las empresas implicadas por los daños contractuales o extracontractuales, que pueden producirse, con motivo del desarrollo integral de su actividad, al tratarse de una solidaridad legal pasiva y obra, como una sanción (ver :Ferreirós Estela Milagros, Doctrina Laboral, Errepar, enero de 200, pág. 44; Ferreirós Estela Milagros, “El artículo 30 de la L.C.T.”, publicado en revista Nova Tesis, Año 1, nº 4, sept./oct. 2007; ver también Karpiuk Héctor Horacio, “La solidaridad del art. 30 LCT. Naturaleza y Efectos”, comentario a fallo, publicado en Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Lexis Nexis, feb./2008, pág. 239; “Losigno Antonio c/ YPF S.A. y otros s/ desp.” S.D. 45.438 del 26/6/13; “Fernandez Emiliano c/ Telefonica de Argentina S.A. y otros s/ desp”. S.D. 45.106 del 20/3/13 y “Araujo Julia c/ Urbaser Argentina y otros s/ desp.” S.D. 44.901 30/11/12), a cuyos fundamentos me remito.-
Sólo a mayor abundamiento señalo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha emitido un pronunciamiento superador de la doctrina que brotaba del Caso “Rodriguez c/ Compañía Embotelladora S.A. y otro” al que hace referencia el apelante. Se trata de los autos “Benitez, Horacio Ovaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros” (B-75-XLII; RHE) en los que destaca la inconveniencia de mantener la “ratio decidendi” de Rodriguez, ya que la decisión del “a-quo” no se apoya en un criterio propio sobre la interpretación y el alcance del art. 30 LCT, limitándose a exhibir un apego estricto a la decisión mayoritaria de tal precedente, por lo que corresponde se la deje sin efecto, para que sea nuevamente resuelta en la plenitud jurisdiccional que es propia de los jueces de la causa, teniendo presente asimismo que la intervención de la Corte no tiene como objeto sustituir a los jueces en temas que le son privativos, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que se circunscribe a descalificar los pronunciamientos que, por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir validez jurisdiccional.-
“Por lo expuesto, el alcance del deber que tienen los demás tribunales de seguir los precedentes de esta Corte, no sirve como apoyo, en este caso, al argumento sobre la posible presión moral que la decisión tomada en “Rodríguez…” (fallo 316:713) pueda haber ejercido sobre los miembros del tribunal “a-quo” , al punto tal de forzarlos a resolver el caso como lo hicieron…” (ver fallo “Benitez” citado).-
El recurrente simplemente se ha limitado a expresar su disconformidad con la solución alcanzada, sin exponer ningún elemento conducente que resulte eficaz para motivar la revisión de lo actuado.
En tal caso, comparto el análisis efectuado por la sentenciante de grado y concluyo que la solidaridad dispuesta en origen con fundamento en el art. 30 LCT, se halla ampliamente justificada en tanto entiendo que BGH S.A. acerque sus productos fabricados al público, es necesaria una actividad de logística para lo cual hasta poseía un depósito propio en Ezeiza.
Por ello y por los argumentos expuestos en primera instancia, de prosperar mi voto, propongo confirmar la condena dispuesta en los términos de la normativa citada.
IV. Por último pretende la demandada que se limite la extensión de responsabilidad en virtud de que, según sostiene, el contrato con la co demandada se realizó en el mes de octubre de 2011 por lo que no debería afrontarla por períodos en los cuales el actor no realizó actividad para su parte.
Sin embargo, más allá de evaluar si le existe o no razón en su defensa, cabe señalar que los argumentos que intenta esgrimir en esta instancia, no han sido invocados en el conteste por lo que se advierte que el planteo recursivo es incongruente con el marco de debate de la presente litis (art. 163 y 277 del C.P.C.C.N.).
Cabe memorar que se denomina congruencia a la precisa adecuación entre lo pedido en la demanda y/o contestación de la acción y lo otorgado por la sentencia.
En ese sentido, el juzgador debe velar para que las sentencias se adecuen al postulado de congruencia, lo que impone lograr que exista una debida correspondencia entre el contenido de aquellas y el objeto de las peticiones, es decir la resolución que emite el juzgador acerca del litigio debe guardar estricta conformidad con lo pretendido y resistido por las partes.
La ley exige al juez una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone, como es obvio, la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujetos, objeto y causa).
De esta forma, comportaría agravio a la garantía de la defensa en juicio (art. 18 CN), dar tratamiento a lo inoportunamente planteado por la parte en este punto por lo que propongo desestimar sin más los agravios deducidos en el punto.
V. Ambas co demandadas se agravian finalmente por la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en los autos pero, en mi opinión, los mismos se encuentran acordes al mérito y extensión de la labor desarrollada por cada uno de ellos, por lo que propongo que sean confirmados (cfr. art. 38 L.O., ley 21.839, dec. ley 16.638/57, ley 24.432 y demás normas arancelarias.)
VI. Las costas correspondientes a esta alzada propongo que sean soportadas por las recurrentes en virtud del principio objetivo de la derrota establecido en el art 68 CPCCN).
Los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia, los estimo en el …% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la primer etapa (art. 14 ley 21.839)
EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.
EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO: No vota (art. 125 ley 18.345).
En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar el fallo en todo lo que ha sido materia de agravios. 2) Declarar las costas de alzada a cargo de las recurrentes. 3) Regular honorarios de alzada a la representación letrada de la actora y de las demandadas en el …% (… por ciento), para cada una de ellas, de los determinados para la instancia anterior.4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nª15/2013.
Regístrese, notifíquese y devuélvase
Fecha de firma: 27/03/2017
Firmado por: ESTELA MILAGROS FERREIROS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROSALIA ROMERO, SECRETARIA
Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA
I., M. F. c/Asociación Civil Hospital Alemán s/despido – Cám. Nac. Trab. – Sala VIII – 07/11/2016
015248E
