Se revoca la resolución apelada y se encomienda al juez de la quiebra determine el importe que servirá como garantía de una eventual imposición de costas en una causa penal, para el hipotético caso de que fueran impuestas a la quiebra, a los fines de concretar la conclusión de la misma por avenimiento reiteradamente solicitado por el fallido y los terceros, con debido resguardo de los derechos de quienes pudieran verse afectados en razón de aquella cuestión atinente a las costas.
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